El partido de la U será investigado por presunta financiación irregular
El proyecto de reforma a la salud en Colombia, que había logrado avanzar en la Cámara de Representantes en 2023, se hundió en la Comisión Séptima del Senado de la República, desatando una serie de críticas y controversias en el ámbito político del país.
Una de las voces más destacadas en manifestar su descontento con esta decisión ha sido la del congresista Wilson Arias, quien aseguró que conglomerados económicos dueños de Empresas Promotoras de Salud (EPS) habrían financiado campañas de diferentes partidos políticos, influyendo así en la votación de la reforma.
Arias señaló directamente al Partido Liberal, la Alianza Verde, la Alianza Social Independiente (ASI), el Centro Democrático y el Partido de La U de haber recibido recursos de estas empresas. Incluso, mencionó a Keralty, la empresa española que controlaba la EPS Sanitas, intervenida por la Superintendencia de Salud, de haber donado “cientos de millones de pesos” a diferentes colectividades que, según él, contribuyeron a hundir la reforma.
Ante estas acusaciones, Wilson Arias radicó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra las cinco colectividades mencionadas, argumentando que estos fondos pudieron haber sido utilizados irregularmente en las campañas electorales.
El CNE ha iniciado una indagación preliminar al Partido de La U por presunta financiación irregular, y ha solicitado información a varias empresas y grupos empresariales mencionados en la denuncia, incluyendo a Organización Sanitas Internacional, Grupo Keralty, Seguros Comerciales Bolívar S.A., Seguros Bolívar S.A., Banco Davivienda S.A. y Grupo Bolívar.
De confirmarse que los partidos políticos recibieron recursos de estas fuentes prohibidas, estarían infringiendo la Ley 1475 de 2011, lo cual podría acarrear sanciones severas.
