De la transición a la realidad energética
Por Carlos Ordosgoitia Sanin
En Colombia, las tarifas de energía eléctrica son reguladas por el Estado mediante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y para la provisión del servicio se tiene que recordar que intervienen cuatro factores independientes como son generación, transmisión, distribución y comercialización. Además, de que las tarifas son fijadas con base en el costo unitario y se ajustan con los precios de la economía.
Actualmente, el servicio energético es impagable por parte de las familias colombianas, especialmente las de nuestra región Caribe. Y a mi juicio considero inconcebible que estemos ad portas de un nuevo incremento de las tarifas de energía; en la actualidad es excesivamente oneroso que el costo del kilovatio hora sea de $1.061, el que podría aumentar $500 más por el desabastecimiento de las presas del país por el fenómeno del niño.
Es preciso recordar, que la energía es un servicio público básico elevado a la categoría de derecho fundamental y la inequidad del precio del kilovatio hora que pagamos, con relación al interior del país, pone en serias dificultades la calidad de vida de los casi 12 millones de habitantes del Caribe Colombiano y esta preocupante situación no solo cercena la esperanza y la tranquilidad de la ciudadanía, sino que se convierte en una barrera gigantesca para el dinamismo de la economía y la generación de empleo. Lastimosamente el alto costo de las tarifas de energía está llevando a las empresas y los emprendedores a un laberinto sin salida en el que la única opción es cerrar las puertas.
La situación energética del Caribe, en vez de vislumbrar la luz al final del túnel, permanece en una oscura nubosidad que empeora mes tras mes. Esta es una problemática que no da más esperas, porque se está llevando a las comunidades a un punto crítico de desesperación que puede causar un estallido social nunca antes visto en nuestra región.
Uno de los factores que impactan negativamente la tarifa tiene que ver con las pérdidas no técnicas, las que se registran en gran proporción por conexiones ilegales. Acción frecuente en aproximadamente 1.700 barrios del Caribe, que se encuentran en zonas de alto riesgo y vulnerables, en las que hay un registro de aproximadamente 354.000 hogares, de los cuales 2 millones de personas no están conectadas al servicio de energía eléctrica.
Se debe lograr que los usuarios dejen de asumir las pérdidas de energía, por lo que una solución sería el financiamiento de estas a través de tres fuentes: Gobierno Nacional, utilidades de Ecopetrol y porcentajes por parte de las comercializadoras y generadoras de energía.
Con los recursos de estas tres fuentes, el país le puede apostar a robustecer el modelo de comunidades energéticas planteadas en el proceso de transición energética que desea implementar el Gobierno Nacional. Hoy el país, y especialmente el Caribe, requiere de manera pronta la puesta en marcha de granjas solares y plantas multifamiliares y unifamiliares, estas dos últimas enfocadas exclusivamente en viviendas de los sectores vulnerables que hoy no cuentan con el servicio energético de manera legal y de los estratos 1 y 2, que suman más de 8 millones de habitantes, lo que significa un poco más del 79 % de la población Caribe, región estratégica del país, que merece un trato digno y una mayor inversión para su desarrollo, industrialización y competitividad.
Si se logra avanzar en este modelo, y sumando las soluciones que se vienen poniendo sobre la mesa desde hace años como la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria y la modificación de la fórmula con la que se calcula el costo del kilovatio hora, lograremos un costo equitativo del servicio para aliviar la pesada carga que hoy está afectando la economía familiar de millones de colombianos.
