Plan de Formalización Laboral del Gobierno avanza en 458 entidades del país
El Plan de Formalización Laboral del Empleo Público, que encabeza el Departamento Administrativo de la Función Pública, de manera articulada con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, ha sido acogido por 458 entidades públicas en todo el país. A la fecha 327 entidades del nivel territorial y 131 en el orden nacional han manifestado su interés para iniciar el plan de formalización laboral propuesto por el Gobierno Nacional para dignificar el empleo público. El objetivo de este plan es que de manera gradual las actividades permanentes y misionales en las entidades pasen a ser desarrolladas por servidoras y servidores públicos y no por contratistas, para garantizar una mejor prestación del servicio.Para ello, cada entidad, dentro de su autonomía, debe hacer un estudio de cargas laborales y establecer los recursos de talento humano que necesite, el cual podrá vincular mediante la provisión de las vacantes existentes, la ampliación de plantas globales, la creación de plantas temporales en equidad y con vocación de permanecía, o mediante los demás mecanismos alternativos de vinculación acorde a la Ley.
Hemos visto con beneplácito que las entidades del orden nacional y territorial han acogido de manera positiva el plan de formalización, pues entienden la importancia de dignificar el empleo público y los beneficios que esta iniciativa tiene para la prestación de un mejor servicio. Además, como se lo hemos expresado a las entidades, desde Función Pública y la ESAP los vamos a acompañar en este proceso para que se haga de una manera responsable, gradual y escalonada, donde en todo momento se garantice la prestación del servicio a la ciudadanía”, comentó César Augusto Manrique, director de Función Pública.
Según datos de Función Pública, para la vigencia 2022 en el Estado se suscribieron 911.440 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, de los cuales 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 a entidades del orden nacional. Además, como advirtió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las demandas por contrato realidad son un riesgo que actualmente tiene el Estado. Con corte a septiembre de 2022, el Estado contaba con 6.667 procesos activos cuyas pretensiones ascendían a $1,02 billones de pesos.
