Un negocio con la dignidad humana
No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, como días atrás, desde Arauquita, lo propuso el presidente Gustavo Petro, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Como institución de derechos humanos, seguiremos insistiendo en nuestro vehemente llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable.
El bolsillo de los colombianos no es la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Quienes pagamos impuestos, bajo ninguna premisa y circunstancia, no tenemos que financiarlas.
Es lamentable lo que está sobre la mesa de diálogos, máxime que desde el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fue manifestado por la delegación que representa al grupo subversivo el interés de comercializar la libertad de las personas. Ello derivó automáticamente en el aumento de los secuestros en el territorio nacional: hoy las cifras superan un incremento exponencial del 90 % en relación con años anteriores. Es decir, más del doble de lo registrado en el comparativo.
¿Por qué sucede? Porque al convertirse en una moneda de negociación, mientras más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolver a la libertad a quien está en cautiverio. La bajeza en su máxima expresión.
No está mal entrar a evaluar financiación para quienes escojan el camino de la reinserción social. Hay que buscar soluciones, por supuesto. Cosa totalmente diferente es que se hable de un pago para dejar de secuestrar, o, dicho de otra forma, que se condicione el secuestro a la entrega de dinero.
Hay una nefasta repercusión en la propuesta del Eln al Gobierno Nacional. No podemos olvidar que el sentido mismo del Estado social de derecho y las bases de la Constitución del 91, como el respeto a la dignidad y la libertad humana, quedarían anulados. Aceptar semejante extorsión significaría echar al suelo décadas de reflexión, y trabajo, sobre la importancia del respeto a la humanidad.
Aprobar una cláusula monetaria a cambio de renunciar a la deleznable práctica del secuestro implica una postura contraria a los principios de nuestra Carta Política, y un mensaje de desprecio por los principios de las sociedades democráticas, que desde finales de la Segunda Guerra Mundial establecieron como condición inamovible y fin último de todo Estado, el respeto y la protección de la dignidad humana.
Lo mínimo que le pido al presidente Petro, como Defensor del Pueblo y en nombre de los colombianos, es que como Gobierno tenga una postura clara y ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación.
Como primer mandatario del pueblo, elegido legítimamente por las mayorías, no puede permitir semejante chantaje como formas válidas de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos. Hay otros caminos para explorar en la mesa. Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el Eln.
De ser llevado a la realidad tal despropósito, se dejaría un “legado” para que las demás organizaciones armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado.
De ser aceptado semejante revés, sería permitir que en el país todo entre a ser negociado; que, como mensaje macabro, delinquir sí paga; que, como segundo mensaje siniestro, incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado.
CARLOS CAMARGO ASSIS
Defensor del Pueblo
