Nexos con paramilitares, señalamientos infundados contra la población, detención de civiles en retenes para ser asesinados, engaños a habitantes de calle para ultimarlos y presentarlos como bajas.
Estas son algunas de las prácticas ilegales que militares del batallón La Popa, de Valledupar, habrían usado para cometer ejecuciones extrajudiciales, y que fueron documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un auto de imputación de 397 páginas que salió a la luz este jueves y que fue publicado por el diario El Tiempo.
EL TIEMPO conoció la decisión que vincula al coronel en retiro Publio Hernán Mejía; a su sucesor, el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares como máximos responsables de 127 asesinatos y 120 desapariciones forzadas ocurridas en Cesar entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Se trata del segundo auto de determinación de la JEP en el marco del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’.
El primero fue publicado la semana pasada, contra 10 militares y un civil, por hechos en el Catatumbo.
Mejía y Figueroa deberán responder a título de autores mediatos por homicidio en persona protegida y desaparición forzada, conductas que constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Asimismo, los otros 13 militares responderán por esos delitos, pero como coautores. Ellos son los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero; el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.
Tomado de El Tiempo
