Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería
No bajaremos la guardia y seguiremos trabajando incansablemente en la búsqueda de soluciones a la crítica situación que padecen los ciudadanos del Caribe, a causa de las exorbitantes tarifas de energía, que le están arrebatando la tranquilidad a la gente y “electrocutando” la esperanza.
Los alcaldes del Caribe sostuvimos una importante reunión con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en la que tuve la oportunidad de mostrar una radiografía del padecimiento que están afrontando 10 millones de habitantes del Caribe, en especial más de 7 millones de ciudadanos que hacen parte de las familias de menores ingresos y se encuentran en los estratos 1 y 2, lo que corresponde al 79% de la población de la región.
El encuentro con la ministra Vélez fue productivo. Avanzamos en la estructuración de acciones y nos dio detalles del Pacto por la Justicia Tarifaria, en el que pondrán en marcha un cronograma para que todos los actores construyamos un plan que marque el inicio de la disminución de las tarifas.
Por nuestras condiciones climáticas, somos una región que demanda energía. Lo corrobora así el aumento en el primer trimestre de 2022, que creció en promedio mensual un 4,39%; teniendo en cuenta que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la demanda comercial energética en la Costa Caribe, a corte de 2021, fue de 20.107 millones de Kilovatios/hora.
El crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) energético del Caribe da cuenta del hueco financiero que se le está haciendo a los hogares de nuestra región. La media nacional fue del 25,9%, mientras que la del Caribe fue de más del 50%. En Montería, 40,39%; Cartagena, 39,24%; Valledupar, 40,39%; Sincelejo, 40,67%; Barranquilla, 44,42%; Riohacha, 47,09%, y Santa Marta, 49,94%.
Además, el Índice anual de Precios al Productor (IPP) pasó del 17,61% en 2021 al 30,02% en 2022, situación reflejada en los aumentos de las tarifas, toda vez que esta medición la utilizan las generadoras en su fórmula para establecer el precio de la energía que venden a los operadores.
En el Caribe, las pérdidas técnicas representan el 7% de lo que se cobra en la tarifa, a lo que se suma un 21% de pérdidas por fraude. Cifras que impactan negativamente la tarifa.
Por este motivo, le he planteado al Gobierno que en el Plan Nacional de Desarrollo incluya un artículo que defina que estas pérdidas, y las inversiones por las que ya pagaron los usuarios, sean asumidas por el nivel central, ahorrándole así gran cantidad de miles de millones de pesos a los ciudadanos.
Propuse también que el Gobierno evalúe la posibilidad de expedir unos bonos de deuda que puedan ser negociados en el exterior, con el objetivo que los generadores, productores y comercializadores alivien de manera inmediata la tarifa de energía.
Sumado a lo anterior, nos preocupa la situación de los barrios subnormales, por lo que he sugerido que se destinen recursos Prone para lograr la electrificación legal en estas zonas.
El arduo trabajo de los últimos meses ha empezado a tener eco. En primer lugar, por el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, quien indicó que se analizará la fórmula tarifaria para adecuar un nuevo modelo que logre una disminución significativa. En segunda medida, por el pronunciamiento del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien aseguró que se brindará apoyo inmediato a los usuarios para generar alivio en las tarifas y estudiará la posibilidad de cambiar el indexador de los contratos de energía, que es uno de los causantes del aumento.
Hemos alzado la voz, y la seguiremos alzando cuantas veces sea necesario, porque merecemos un trato digno, equitativo y justo con el que se logre el bienestar de las comunidades y la competitividad de la región, en cuanto a empleo formal y salarios dignos. Las comunidades pueden tener la confianza en que seguiremos luchando hasta lograr la estabilización tarifaria que alivie el bolsillo de los ciudadanos del Caribe.
