Procuraduría: En Córdoba se vive un recrudecimiento de la violencia
A media mañana de este miércoles se efectuó la Mesa Virtual para la Protección de la Vida, una iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, donde participaron representantes de USAID, instituciones estatales, líderes sociales del departamento de Córdoba y el gobernador Orlando Benítez.
Esta reunión permitió revisar los últimos acontecimientos de violencia atribuida a grupos delictivos en el sur del Córdoba y que ha traído masacres, así como desplazamientos de decenas de familias.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que estas reuniones se vienen dando desde hace dos años. Manifestó que en Córdoba se vive un recrudecimiento de la violencia.
Recordó que entre el 27 y 28 de julio se vivieron dos masacres, que dejaron a más de 50 familias desplazadas, en este sentido, y con miras a frenar la ola de violencia que se vive en el país, el Procurador anunció que en los próximos días presentarán ante el Congreso un proyecto de ley de acceso a la justicia, que responde a una consulta ciudadana con la participación de más de 9 mil persona y que buscan justicia territorial, para desmantelar las organizaciones criminales.
“Este proyecto de acceso a la justicia le abra la puerta al acceso local de la justicia”, sostuvo.
Carrillo sostuvo que las guardias indígenas han levantado su voz de reclamo, ya que no tienen la capacidad para contrarrestar la violencia de los grupos armados: “Es por eso que insistimos en la justicia territorial, como una necesidad para desmontar las estructuras armadas del sur de Córdoba”.
Durante su intervención, el vice defensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, añadió que existe un gran riesgo en el sur de Córdoba.
“Nos duele lo que sucede, desde febrero la comisión humanitaria recorrió Montería, San José de Uré y Montelíbano y pudimos constatar el temor que hay, nadie quiere hablar sobre la realidad de sus territorios por temor a los cuerpos armados”, precisó.
Indicó que en los municipios de Tierralta, Montelíbano, San José de Ure, Montería, Moñitos, Valencia, Planeta Rica y San Carlos, hay presencia de las disidencias de las FARC, los GAO Clan del Golfo, Los Caparros y ahora el ELN y todos se disputan el control de la criminalidad en el eterritorio. “Se trata de narco, de extracción de minerales y de toda la criminalidad de esa región”.
Calero Chacón subrayó que hay rutas de droga entre Antoquia, sur de Córdoba, sur de Bolívar, que se conectan con el Catatumbo y toda esta guerra ha originado desplazamientos masivos: “En 2019 se presentaron 14 eventos que afectaron a más de 4.200 personas; 1.282 eran indígenas y en el 2020 se presentó un desplazamiento de 15 familias en la vereda Alto Cristal de San José de Uré”.
Enumeró las agresiones que la Defensoría ha venido registrando contra líderes sociales. Entre el 2016 y 2020 se han reportado 85 agresiones contra líderes sociales, 19 homicidios en Córdoba y 2 desapariciones.
“El año con más homicidios fue el 2018, cuando se asesinaron a 8 líderes sociales; 6 en San José de Uré y 2 en Tierralta”, añadió el Vice Defensor del Pueblo.
Finalmente, el director de Cordobexia, Andrés Chica, le atribuyó la ola de violencia que se vive en Córdoba al paramilitarismo, que a su juicio se ha constituido, cercenado los derechos de los cordobeses, por lo que pidió un plan operativo del desmonte del paramilitarismo.
Acotó que se debe implementar una política integral y agregó que “detrás de las órdenes de asesinato a líderes sociales, hay cuellos blancos de Córdoba a quienes le incomodan los líderes sociales”.
