Los ineludibles límites humanitarios de la negociación
El Estado social de derecho es un concepto que abarca importantes valores, pero su desconocimiento lo deslegitimaría por completo. Con esto quiero recalcar que no es posible impulsar iniciativas a su nombre si se pretende ignorar su esencia.
Un diálogo de paz, por ejemplo, exige condiciones previas de orden legal y ético; sin embargo, sin su cumplimiento las partes estarían desconociendo los principios y valores que sirven de soporte al mismo Estado social de derecho, cuyo nombre es invocado para alcanzar el mayor propósito real de una negociación: ¡la paz! Al mismo tiempo, estarían contrariando normas sustanciales de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Bajo esos presupuestos, resultaría inadmisible aceptar al Eln como interlocutor válido y solvente política y jurídicamente en el quinto ciclo de conversaciones, máxime –como está ocurriendo– si no demuestra con hechos concretos su rechazo al reclutamiento de menores de edad y al secuestro.
Sostener el juego de mantener una representación reconocida legalmente en la mesa de diálogo mientras sus estructuras –libres del compromiso serio con el proceso– continúan enrolando forzosamente a sus filas a niñas, niños y jóvenes, secuestrando personas y desplazando o confinando comunidades representa una conducta aberrante y repudiable desde cualquier perspectiva que se le examine.
El Gobierno, al aceptar proseguir los diálogos y ambientar negociaciones y acuerdos en medio de ese entorno de anarquía y desquiciamiento jurídico, podría estar cohonestando una burla a los intereses de la sociedad colombiana y un irrespeto, que ya se torna crónico, a los derechos sustanciales de miles de colombianos que sufren los rigores de un conflicto que ha degenerado en repudiables prácticas criminales de carácter común.
En cumplimiento de mi deber misional, me he dirigido a los funcionarios del Gobierno Nacional, responsables del proceso, para instarlos –con la vehemencia necesaria– a que le exijan a su contraparte respeto y acatamiento del DIH.
Se trata de una exigencia sensata y clara, que no supone complejas interpretaciones jurídicas y políticas, sino que tiene cimiento en la voluntad, en el sentido común: suspender toda práctica criminal es un presupuesto indispensable y habilitante para que una organización armada al margen de la ley tenga asiento en una mesa de diálogo.
Le estamos exigiendo al Eln que renuncie, de una vez por todas, al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entregue a todos aquellos que permanecen en sus filas y cese el secuestro y toda práctica extorsiva.
La dinámica de las negociaciones y el pragmatismo que en ocasiones es pregonado para alcanzar acuerdos con grupos armados no pueden dejar de lado el derecho a la libertad individual de todos los colombianos, y muy particularmente de aquellos que están en la ruralidad y de manera permanente expuestos a las acciones de los actores de la violencia.
No se le pide nada imposible al Eln al exigirle que cese todas sus retenciones arbitrarias, las detenciones, los secuestros y que renuncie a todas y cada una de las conductas violatorias de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad. Sus representantes no se pueden sentar a la mesa como si nada estuviera ocurriendo y prevalidos de una vocería cuya legitimidad está en duda a causa de las prácticas que avalan con su acción y con su omisión.
Este llamado tampoco tiene un destinatario exclusivo, se extiende también a todos los grupos, organizaciones y estructuras armadas que en verdad quieran apostarle a una paz real. Disfrazar sus intenciones sería una burla e irrespeto intolerables a la sociedad colombiana.
