“Con un ordenamiento normativo disciplinario fuerte podremos construir una herramienta efectiva para combatir hechos de corrupción”: Defensor del Pueblo
En el ‘Congreso Internacional de Derecho Disciplinario: Retos en la lucha contra la corrupción mundial’, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, indicó que la corrupción en un fenómeno multidimensional que impacta negativamente en los ámbitos ético, político, económico, social y cultural de una sociedad, lo cual afecta las condiciones de vida y las capacidades para el desarrollo humano de la ciudadanía. Por esta razón, aseguró, hacerle frente es imperativo.
“Con un ordenamiento normativo disciplinario fuerte podremos construir una herramienta efectiva para combatir hechos de corrupción. De esta manera, será garantizada la dignidad humana del disciplinado y el debido proceso, ¿y a qué conducirá ello?, a la protección de los derechos humanos desde las ópticas de la prevención y de la potestad sancionatoria”, afirmó Carlos Camargo Assis.
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución del 91 son los principales fines del Estado, de ahí que reviste importancia el ejercicio de la función pública guiado por los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, celeridad, entre otros, destacó el Defensor del Pueblo.
“Por ello es clave contar con el derecho disciplinario, que garantice el correcto funcionamiento del Estado, que sus agentes actúen con apego a la legalidad y a la transparencia”, resaltó Camargo Assis.
La diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores estatales son pilares de una administración pública efectiva, destacó el Defensor: “Sin embargo, cuando se ven comprometidas por actos de corrupción, a la consecuencia jurídica no se le puede dar rodeos: deben ser sancionadas las conductas que atenten contra los deberes inherentes a la función pública”.
A lo que agregó el Defensor del Pueblo de los colombianos: “Intentar acabar con la institucionalidad, eliminando entidades que resultan fundamentales en la lucha contra la corrupción, es un despropósito que lo único que consigue es fracturar la democracia”.
La Defensoría del Pueblo ha jugado un papel crucial en la lucha contra la corrupción, especialmente cuando afecta a los derechos humanos. “Parte de nuestra misión obedece a una política pública destinada a advertir los impactos de la corrupción en los derechos de las personas, a empoderar a las víctimas y colaborar con otras entidades del Estado comprometidas con medidas anticorrupción”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
A partir de la identificación de casos de corrupción que violan derechos humanos o representan riesgos de violación, la Defensoría ha emprendido acciones cuyo fin es salvaguardar los derechos fundamentales.
Las gestiones incluyen la identificación y visibilización de daños causados por la corrupción y la colaboración estrecha con otros órganos de control para emprender investigaciones disciplinarias, penales o de responsabilidad fiscal.
“Con la Procuraduría General creamos la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida y a las Alertas Tempranas, conocida COMPRRAT o Comisión Nacional de Seguimiento. Es una instancia de coordinación y articulación que tiene como objetivo adelantar acciones de funciones preventiva y disciplinaria en cabeza de la Procuradura General de la Nación, Margarita Cabello, así como desarrollar acciones que permitan adelantar un seguimiento periódico al cumplimiento de las recomendaciones que emitimos en nuestras Alertas Tempranas e Informes de Seguimiento”, señaló el Defensor del Pueblo.
El fin primordial del trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría es lograr que los funcionarios a cargo de atender las recomendaciones emitidas en las Alertas cumplan con sus responsabilidades para que sea evitada la consumación de riesgos contra las comunidades.
“Fortalecer la prevención y la respuesta rápida ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad, seguridad personal, libertades civiles, políticas, e infracciones al derecho internacional humanitario, como también desarrollar acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas dentro de las Alertas Tempranas que emitimos, seguirán siendo algunas de nuestras funciones esenciales”, finalizó Carlos Camargo Assis.
