Radican denuncia contra Gustavo Petro por presuntas irregularidades en reunión con exjefes paramilitares
La bancada de Salvación Nacional presentó una acción penal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue si hubo una posible utilización política de espacios institucionales relacionados con el proceso de paz y reconciliación.
El denominado Pacto de Valledupar abrió un nuevo capítulo jurídico tras la radicación de una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La acción fue presentada por integrantes de la bancada de Salvación Nacional, quienes solicitan esclarecer los hechos relacionados con una reunión oficial con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas atribuidas a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez; al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y a Juan Carlos Villamizar. Según los denunciantes, estos testimonios plantean interrogantes sobre el posible uso de espacios institucionales vinculados con la política de paz para impulsar señalamientos contra dirigentes de la oposición.
La representante Carol Borda confirmó la presentación de la acción y señaló que el objetivo es establecer si existió una instrumentalización de reuniones con excomandantes de las AUC para promover acusaciones con eventuales propósitos político-electorales.
“Los espacios institucionales no pueden usarse para perseguir rivales políticos ni alterar las reglas del juego democrático”, manifestó la congresista al exigir que se investiguen los hechos.
Los integrantes de Salvación Nacional solicitaron a la Comisión de Acusación determinar si existió una orden directa de Petro para promover declaraciones contra el abogado Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El documento radicado sostiene que las declaraciones conocidas públicamente ameritan esclarecer si las reuniones relacionadas con la política de paz y reconciliación fueron utilizadas para propósitos distintos de los oficialmente anunciados.
La denuncia plantea la necesidad de establecer las circunstancias en las que se desarrollaron los encuentros, el alcance de los compromisos adquiridos y si existieron instrucciones para realizar señalamientos contra adversarios políticos.
Sin embargo, la presentación de la acción penal no constituye una demostración de responsabilidad. Corresponde a las autoridades competentes evaluar los testimonios, verificar las circunstancias denunciadas y determinar si existen elementos suficientes para adoptar decisiones judiciales.
En medio de la controversia, Petro publicó en su cuenta de X un mensaje relacionado con el comunicado firmado durante una reunión oficial con representantes del paramilitarismo.
El exmandatario Petro defendió el propósito institucional del documento y aseguró que buscaba avanzar en asuntos pendientes del proceso de desmovilización y sometimiento de las AUC, así como en la reparación de las víctimas.
“Este es el comunicado que salió de la reunión oficial con los paramilitares y que se firmó. Buscaba cerrar el proceso de Ralito para garantizar la devolución de todos los bienes de los paramilitares a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y garantizar seguridad jurídica de acuerdo a la justicia restaurativa”, escribió.
Esta explicación contrasta con los señalamientos que han alimentado el escándalo del Pacto de Valledupar. Según las versiones que motivaron la denuncia, detrás de los encuentros habría podido existir una intención política relacionada con la difusión de acusaciones contra figuras opositoras.
Petro ha negado los hechos que se le atribuyen, mientras que las declaraciones de Mancuso y Rodríguez se convirtieron en elementos centrales de la controversia pública.
El Pacto de Valledupar enfrenta ahora un escenario en el que las versiones de los involucrados deberán contrastarse con documentos, testimonios y demás elementos probatorios que puedan ser incorporados a una eventual investigación.
Para los denunciantes, resulta indispensable establecer si las reuniones tuvieron exclusivamente los objetivos institucionales expuestos por Petro o si existieron actuaciones dirigidas a incidir en el escenario político nacional.
El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones de la Comisión de Acusación y de la valoración que realicen las autoridades sobre los hechos puestos en conocimiento.
Por ahora, la denuncia representa un nuevo episodio de confrontación política y jurídica alrededor del proceso de paz con antiguos integrantes de las AUC. El punto central será determinar si existieron instrucciones o actuaciones irregulares y si las pruebas permiten atribuir responsabilidades concretas.