Montería mueve fichas ante la Corte para no perder recursos en medio de la crisis por inundaciones
La incertidumbre jurídica sobre la emergencia pone en riesgo la recuperación de más de 70 mil damnificados en Montería
En medio de la incertidumbre jurídica que rodea la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, Montería decidió intervenir directamente ante la Corte Constitucional para evitar que se frenen los recursos clave para la recuperación de miles de familias golpeadas por las inundaciones.
La Alcaldía de Montería envió un paquete técnico y jurídico con el que busca respaldar la continuidad de los decretos de emergencia económica, social y ecológica, expedidos tras la ola invernal que desde febrero dejó graves afectaciones en Córdoba. La movida se da en un momento crítico, marcado por dudas en la Corte Constitucional frente a la validez de estas medidas.
El alcalde Hugo Kerguelén García aseguró que la decisión responde a la necesidad de garantizar que no se detenga el flujo de recursos, en medio de impedimentos de algunos magistrados que han retrasado el proceso. Mientras tanto, en el territorio la emergencia sigue vigente: más de 70.000 personas damnificadas, 24.000 familias afectadas y cerca de 40.000 hectáreas bajo el agua, cifras que reflejan la magnitud del impacto.
Más allá de la asistencia inmediata, la preocupación en Montería apunta a soluciones estructurales. Desde la administración advierten que la población afectada exige respuestas de fondo, no solo ayudas temporales, en un contexto donde la recuperación avanza lentamente y la presión social crece.
En paralelo, el municipio avanza en un proyecto de vivienda para reubicar a familias damnificadas. Se trata de un plan para construir 600 casas en convenio con el Ministerio de Vivienda, con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos para urbanismo, una apuesta que busca convertirse en una salida concreta en medio de una crisis que aún está lejos de terminar.
