Finca incautada por la SAE fue usada para acto político de Iván Cepeda
Una nueva controversia rodea a la campaña presidencial del candidato de izquierda Iván Cepeda, tras conocerse que una finca incautada y administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) habría sido utilizada para un evento político. Se trata del predio El Hatillo, ubicado en el municipio de Baranoa, Atlántico, sobre el cual pesa una medida cautelar por su presunto origen en actividades ilícitas.
Según una denuncia revelada por la Revista Semana, el pasado 10 se realizó en este predio una reunión política difundida abiertamente en redes sociales del Pacto Histórico en el Atlántico. En las imágenes se observa a varias personas congregadas en un quiosco de palma dentro de la finca, en un encuentro cuyo propósito, de acuerdo con la pieza publicitaria, era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”, convocado por integrantes del equipo agrario del movimiento político.
Cepeda realizó campaña en finca incautada
La gravedad del caso radica en que El Hatillo es un bien bajo administración de la SAE, lo que impediría su uso para actividades de carácter proselitista. De acuerdo con lo revelado por el citado medio, el predio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, perteneció al empresario asesinado Julio César Polanía, señalado por las autoridades de presuntos nexos con estructuras paramilitares y, supuestamente, con la banda criminal Los Costeños, organización que actualmente adelanta negociaciones de paz con el Gobierno Petro. Asimismo, se conoció que para la fecha del evento Iván Cepeda se encontraba en una gira por España y que “no tenía conocimiento del evento y tampoco autorizó el uso de su imagen”.
El episodio abre serios cuestionamientos sobre quién autorizó la realización del acto y sobre el control que ejerce la SAE sobre los bienes incautados. En su página oficial, la entidad establece como una de sus funciones “2. Velar por la correcta administración y disposición de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio, a través de los mecanismos definidos por la ley 1708 de 2014”, un mandato que, a la luz de los hechos denunciados, queda bajo escrutinio público.