¡PAR DE VIVOS! Cepeda y Corcho financiaron sus campañas con ‘empresas de papel’
La financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico ha generado debate tras revelaciones sobre los orígenes de los recursos, publicadas por La Silla Vacía y el periodista Melquisedec Torres.
Según los informes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), el precandidato presidencial Iván Cepeda reportó gastos por 964 millones de pesos, cifra inferior al tope máximo de 6.080 millones permitido para la consulta. En la medición electoral, Cepeda obtuvo una amplia victoria sobre Corcho, con más de 1,5 millones de votos frente a los 670.000 de la también aspirante.
Sin embargo, los aportes a la campaña han generado cuestionamientos por su magnitud y procedencia. De acuerdo con los reportes, Samat Publicidad S. A. S. y un empresario identificado como Pérez concentraron cerca del 75 % de los gastos totales de Cepeda, pese a que la empresa no reportó ingresos por actividad ordinaria y contaba con un capital pagado de apenas 20 millones de pesos, según su certificado mercantil. Además, imágenes de Google Maps de agosto de 2024 muestran que la compañía opera desde un pequeño local en Barranquilla, lo que ha generado dudas sobre la proporcionalidad entre su infraestructura y el monto aportado.
Por su parte, la campaña de Carolina Corcho también enfrenta señalamientos. El 52 % de sus gastos, equivalentes a 737,7 millones de pesos de un total de 1.428 millones, provendrían de préstamos otorgados por la empresa “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación”, registrada en el sur de Bogotá y en proceso de liquidación desde abril de 2025. El capital de la compañía era inferior a dos millones de pesos, con ingresos reportados en cero. El restante 48 % de los gastos de la campaña de Corcho habría sido financiado por 41 préstamos de personas naturales.
Estas revelaciones se producen a pocos meses de las elecciones legislativas del 8 de marzo, aumentando la atención sobre la transparencia en la financiación política y la necesidad de garantizar un proceso electoral limpio y verificable.