Wadith Manzur, señalado por presuntas presiones al Gobierno para obtener contratos de la UNGRD
El representante a la Cámara Wadith Manzur está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia tras ser vinculado a un presunto entramado de presiones y reparto de contratos millonarios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las revelaciones fueron hechas por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien aseguró que Manzur habría actuado como un “cacique político” dentro de la Comisión de Crédito Público, presionando para la aprobación de recursos y contratos a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno nacional.
Según el testimonio de Benavides, entregado durante audiencias en agosto, varios congresistas estarían involucrados en este esquema, entre ellos Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, quienes, según la exfuncionaria, “no daban puntada sin dedal”.
La exasesora relató que Manzur solicitaba información constante sobre la “propuesta” de distribución de contratos antes de la radicación del presupuesto 2024, buscando un supuesto 20 % para congresistas de primer nivel y 10 % para los de segundo nivel. Además, habría gestionado una participación directa e independiente, presionando para incluir sus intereses en la asignación de recursos.
Benavides también reveló detalles de reuniones y conversaciones en las que Manzur habría coordinado la entrega de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por más de 1,4 billones de pesos, dirigidos a contratos en Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Los registros indican que el representante priorizó proyectos propios y los de sus aliados políticos, entre ellos Bitar y Peinado.
El testimonio también salpica al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien Benavides habría informado sobre las presiones ejercidas por el congresista cordobés. Estos CDP se enmarcan dentro de un paquete de contratos que superaba los 92.000 millones de pesos, destinado a asegurar el respaldo de la Comisión a proyectos del Gobierno y a la aprobación de préstamos por 2,5 billones de pesos.
Con estas declaraciones, la Corte Suprema analiza lo que podría ser una red de influencias políticas en la gestión de recursos públicos, en la que Wadith Manzur habría desempeñado un papel clave para direccionar contratos y consolidar poder dentro del Congreso.