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Cancillería firma contrato con Thomas Greg & Sons por más de $239.000 millones para expedir pasaportes

La Cancillería de Colombia firmó un contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, en el marco de la urgencia manifiesta declarada por el Gobierno nacional el pasado 17 de septiembre de 2026. El acuerdo supera los $239.000 millones y tendrá vigencia hasta diciembre de 2027.

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La contratación junto a la cancilleria, busca evitar interrupciones en la expedición de estos documentos, luego de las dificultades jurídicas que enfrentó el nuevo modelo de pasaportes impulsado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, el plazo de ejecución comenzará con la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos legales correspondientes. La fecha límite será el 17 de diciembre de 2027, cuando se cumplan los 15 meses contemplados en la declaratoria de urgencia manifiesta.

El documento también establece que cualquier prórroga deberá estar debidamente justificada y dependerá de que continúen las circunstancias que motivaron la medida, exista un acto administrativo vigente que la autorice y se cuente con las autorizaciones presupuestales requeridas.

La decisión de acudir a esta figura administrativa se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente dos convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes que comenzó a implementarse durante la administración de Gustavo Petro.

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La medida judicial planteó cuestionamientos sobre diferentes aspectos del proceso, entre ellos los soportes fiscales necesarios para comprometer vigencias futuras, la planeación contractual, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.

El 17 de septiembre, la Cancillería explicó que estos elementos llevaron al Gobierno a buscar una alternativa que permitiera mantener el servicio mientras se resolvían las dificultades relacionadas con el nuevo esquema.

En ese momento, la entidad señaló que la contratación derivada de la urgencia manifiesta tendría un carácter transitorio y estaría limitada a lo indispensable para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes y visas.

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Con el nuevo contrato, Thomas Greg & Sons vuelve a asumir un papel central en la operación, después de prestar el servicio durante varios años y de protagonizar diferencias con el Gobierno anterior alrededor del modelo de contratación.

Uno de los puntos relevantes para los ciudadanos es que el precio de los pasaportes no tendrá modificaciones como consecuencia de este contrato, según la información suministrada sobre el acuerdo.

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En cuanto al procedimiento para solicitar el documento en Bogotá, se mantiene la distinción entre los puntos de atención: en las sedes Centro y Norte no es necesario solicitar cita previa, mientras que para la atención en los SuperCADE se debe gestionar la correspondiente cita.

Por ello, quienes tengan previsto tramitar o renovar su pasaporte deben verificar las condiciones de atención del punto al que acudirán, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios.

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La relación entre el Gobierno colombiano y Thomas Greg & Sons ha estado marcada por las discusiones sobre la contratación del servicio y los cambios que se buscaban introducir en el sistema de expedición de pasaportes.

Durante su administración, Gustavo Petro manifestó diferencias frente a la empresa, que prestaba el servicio desde 2007, y promovió un nuevo modelo para la producción y entrega de los documentos.

Sin embargo, la suspensión judicial de los convenios vinculados con ese esquema llevó al Gobierno y a la cancilleria a recurrir a la urgencia manifiesta como mecanismo para responder a la necesidad de mantener la operación.

Ahora, con un contrato superior a los $239.000 millones y un plazo que se extiende hasta diciembre de 2027, la Cancillería busca garantizar que los ciudadanos puedan continuar realizando sus trámites sin interrupciones.

El acuerdo se enmarca en una solución por parte de la cancilleria, de carácter transitorio, mientras se resuelven los asuntos jurídicos, fiscales y administrativos relacionados con el modelo de pasaportes.

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