Minsalud solicita a la Contraloría y la Procuraduría investigar millonarias asignaciones del gobierno Petro
La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para revisar la asignación de $885.000 millones destinados a proyectos de infraestructura y equipos básicos de salud durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según la funcionaria, los recursos fueron aprobados entre el primero y el 6 de agosto de 2026 y se habrían presentado inconsistencias en los soportes presupuestales y técnicos de varias decisiones.
Entre los principales hallazgos expuestos por la minsalud se encuentra que $403.000 millones no contaban con registro presupuestal al momento de la aprobación. Además, se identificaron propuestas técnicas que no estaban completas al momento de autorizar los recursos, así como proyectos cuyas condiciones de ejecución requieren una revisión por parte de los organismos de control.
La solicitud busca establecer cómo se tramitaron las asignaciones, qué verificaciones se realizaron antes de aprobarlas y si las decisiones administrativas cumplieron los requisitos legales y presupuestales correspondientes.
De acuerdo con la información presentada por Vesga, durante los seis días analizados se autorizaron recursos a minsalud para diferentes proyectos relacionados con la prestación de servicios de salud, la infraestructura y el fortalecimiento de equipos básicos.
Sin embargo, la revisión adelantada por el Minsalud habría identificado inconsistencias en la documentación que respaldaba algunas de estas decisiones. La ministra señaló que se encontraron $57 millones en asignaciones sin propuesta técnica y otros $45 millones correspondientes a propuestas que fueron radicadas después de su aprobación.
También se reportaron obras autorizadas sin estudios ni diseños previos, así como casos en los que los montos aprobados superaban los valores solicitados inicialmente por minsalud.
A estos hallazgos se suman denuncias de funcionarios sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los procedimientos de aprobación de minsalud. Estas situaciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes para determinar si existieron irregularidades y establecer las posibles responsabilidades.
La ministra también advirtió sobre el estado de los recursos comprometidos por la cartera de Salud. Según las cifras entregadas, a agosto de 2026 había $4,8 billones comprometidos sin que se hubieran convertido en obligaciones presupuestales.
Esta situación genera interrogantes sobre el avance de los proyectos financiados, la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas previstas. Además, minsalud identificó proyectos que recibieron desembolsos sin alcanzar los objetivos establecidos.
El hallazgo se suma a otras observaciones formuladas por la actual administración sobre el manejo presupuestal de la entidad. En septiembre, el Ministerio informó que había iniciado una revisión de asignaciones y proyectos de infraestructura, después de detectar recursos comprometidos que no se habían traducido en obligaciones y pagos.
La revisión busca establecer si los recursos fueron asignados con los soportes requeridos y si su ejecución corresponde a las necesidades para las cuales fueron aprobados.
Ante las posibles inconsistencias, Vesga anunció que el Ministerio pondrá los expedientes a disposición de la Contraloría y la Procuraduría para que adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.
La revisión deberá determinar si las decisiones se ajustaron a las normas presupuestales y administrativas, si existieron fallas en los procedimientos de aprobación y si hay elementos que permitan establecer responsabilidades disciplinarias o fiscales.
La ministra sostuvo que la necesidad de agilizar los trámites no justifica el incumplimiento de la ley y reiteró que los recursos públicos destinados a la salud deben contar con los soportes técnicos, jurídicos y presupuestales correspondientes.
La intervención de los organismos de control también permitirá examinar las condiciones en las que fueron aprobados los proyectos, el estado de su ejecución y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Por ahora, los señalamientos corresponden a hallazgos expuestos por el Minsalud y deberán ser evaluados por las autoridades competentes. La existencia de posibles irregularidades no implica, por sí sola, que se haya establecido responsabilidad de funcionarios o contratistas.
El caso abre un nuevo capítulo en la revisión de los recursos públicos destinados al sector salud durante la administración anterior. El objetivo será esclarecer cómo se aprobaron las asignaciones, verificar el uso de los recursos y determinar si hubo incumplimientos en los procedimientos establecidos.