Consejo de Estado decreta pérdida de investidura de Iván Name por caso UNGRD
El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión está relacionada con señalamientos sobre la presunta entrega de $3.000 millones que habrían sido destinados a influir en el trámite de reformas del Gobierno y a apoyar una campaña política.
El exsenador Iván Leonidas Name Vásquez, integrante de Alianza Verde y expresidente del Senado, perdió su investidura por decisión del Consejo de Estado, en uno de los capítulos más delicados del caso de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La decisión fue adoptada con ponencia del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera, luego de una demanda promovida por Juan Carlos Calderón España, en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados. La acción pedía retirar la investidura de Name por una presunta causal de tráfico de influencias.
El caso gira alrededor de hechos ocurridos en 2023. De acuerdo con la acusación, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, habría ordenado a Olmedo López y Sneyder Pinilla conseguir y entregar $3.000 millones a Name cuando este presidía el Senado.
Según el expediente citado en el proceso, el dinero habría provenido del entramado relacionado con el contrato de los carrotanques para La Guajira y habría sido entregado en dos momentos, el 12 y 13 de octubre de 2023, presuntamente a través de la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
La tesis expuesta dentro del proceso sostiene que esos recursos habrían tenido como propósito facilitar el trámite de reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de la época, entre ellas la pensional, y destinar parte del dinero a una campaña política al Concejo de Bogotá.
La pérdida de investidura es una de las sanciones más severas que puede imponerse a un congresista, pues implica la pérdida de la condición parlamentaria y tiene efectos sobre la posibilidad de volver a ejercer cargos de elección popular en los términos establecidos por la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado. La Sala Plena es la encargada de decidir este tipo de procesos cuando se trata de congresistas.
La decisión vuelve a poner el foco sobre el alcance político y judicial del escándalo de la UNGRD, un caso que ha involucrado a exfuncionarios, excongresistas y otros actores señalados dentro de las investigaciones por presuntos pagos y direccionamiento de recursos públicos.
