Nuevo choque entre la Defensoría y el Gobierno por exhibición de muertos en operaciones militares
Un nuevo choque se desató entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el Gobierno de Abelardo De La Espriella por la exhibición de cuerpos de integrantes de grupos armados muertos en operaciones militares. Marín pidió respeto por los fallecidos y mesura al comunicar los resultados, mientras el ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazó cualquier comparación entre la actuación del Estado y la de las organizaciones criminales.
La forma en que el Gobierno de Abelardo De La Espriella muestra los resultados de sus ofensivas militares abrió un nuevo enfrentamiento con la defensora del Pueblo, Iris Marín. Mientras la funcionaria insiste en que los cuerpos de personas muertas no deben convertirse en una demostración pública de poder, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazó que sus cuestionamientos terminen equiparando la actuación del Estado con la de los grupos armados.
La polémica por las imágenes de personas muertas durante recientes operaciones militares sigue creciendo. Iris Marín reiteró su llamado al presidente Abelardo De La Espriella para revisar la manera en que comunica los resultados de la Fuerza Pública, al considerar que la muerte no debería utilizarse como parte de la puesta en escena de un anuncio oficial.
“Los cuerpos de las personas muertas” no deberían hacer parte de la escenografía de una declaración pública, sostuvo Marín, quien advirtió que las imágenes y palabras utilizadas por quienes ejercen el poder tienen consecuencias. Su cuestionamiento, aclaró, no apunta a desconocer la legitimidad de las operaciones militares, sino a la manera en que el Estado presenta públicamente sus resultados.
La respuesta del gobierno llegó desde el Ministerio del Interior. Rodrigo Lara calificó como una “triste equivocación” cualquier interpretación que, a su juicio, termine equiparando al Estado con las organizaciones armadas. El ministro defendió que la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de combatir a quienes reclutan menores, utilizan drones con explosivos y ejercen violencia contra las comunidades.
Lara también aseguró que el Gobierno continuará haciendo cumplir la ley y pidió trabajar conjuntamente con la Defensoría frente a problemas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento, el confinamiento y la expansión territorial de organizaciones criminales.
Marín respondió que espera una reflexión del Gobierno sobre la forma de comunicar los resultados operacionales. La defensora insistió en que incluso cuando una acción militar es legítima, existen límites establecidos por la Constitución, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
“Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, recalcó. Para Marín, el Estado tiene la obligación de enfrentar a los grupos armados y proteger a la población, pero no debería entrar en una dinámica en la que la muerte o la humillación del adversario sean presentadas como símbolos de autoridad.
El intercambio deja abierta una discusión que trasciende los resultados militares: hasta dónde puede llegar el Estado al mostrar públicamente la muerte de sus adversarios y cuál debe ser el límite entre informar sobre una operación y convertir sus consecuencias en una demostración de poder.