“Eran combatientes”: Gobierno defiende operación militar en la que fallecieron tres menores
La operación militar contra una estructura de las disidencias en zona rural de El Retorno, Guaviare, quedó en el centro de la controversia luego de que Medicina Legal confirmara que tres de las diez personas fallecidas eran menores de edad.
El ataque, realizado el pasado 27 de agosto cerca del río Inírida, tenía como objetivo tres zonas campamentarias ubicadas en medio de la selva. Tras el operativo, las autoridades reportaron la muerte de 10 integrantes de la estructura armada, la captura de una persona y la recuperación de otro menor de edad, quien quedó bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.
La confirmación de que entre las víctimas había adolescentes de 15 y 16 años generó cuestionamientos sobre la operación. Sin embargo, desde la cúpula militar defendieron su legalidad.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, afirmó que las personas que se encontraban en los campamentos hacían parte de la estructura armada y sostuvo que “todos ellos eran combatientes”.
A su vez, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, reconoció la presencia de los tres menores, pero señaló que estos habrían sido reclutados e instrumentalizados por grupos armados ilegales.
“El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el funcionario.
Mora responsabilizó a las organizaciones armadas por involucrar a niños y adolescentes en el conflicto y anunció que se presentarán las respectivas denuncias ante la Fiscalía para investigar estos hechos.
Durante la operación, las Fuerzas Militares también reportaron el hallazgo de un importante arsenal, entre este 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, granadas, 184 minas antipersonales, explosivos para drones y más de 29.000 municiones.
El Gobierno Nacional sostiene que el bombardeo se desarrolló bajo los procedimientos establecidos y anunció una mesa de trabajo entre los ministerios de Defensa y Justicia para fortalecer las acciones contra el reclutamiento de menores y perseguir a quienes los vinculen a estructuras criminales.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene abierto el debate sobre las operaciones militares contra grupos armados y la protección de menores que son incorporados al conflicto.