Córdoba enfrenta una creciente deuda ambiental: cinco años de alertas sin resolver agravan el riesgo en el departamento
Cinco años de alertas, procesos judiciales y problemas sin resolver mantienen a Córdoba frente a una creciente amenaza ambiental. Un documento oficial advierte que la falta de planificación territorial, la ausencia de estudios de riesgo y la presión sobre ecosistemas estratégicos continúan aumentando la vulnerabilidad del departamento.
Un documento oficial reveló que Córdoba sigue acumulando problemas ambientales y territoriales por la falta de actualización de los planes de ordenamiento, la ausencia de estudios de riesgo y el incumplimiento de medidas para proteger ecosistemas estratégicos. El informe recopila cinco años de actuaciones y advierte que estas falencias continúan aumentando la vulnerabilidad del departamento.
El oficio, emitido el 22 de junio de 2026 por la Procuraduría 10 Judicial II Agraria y Ambiental, expone que Córdoba mantiene importantes rezagos en materia de planificación territorial. Entre las principales preocupaciones figura la falta de actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y la ausencia de los estudios detallados de riesgo exigidos por el Decreto 1807 de 2014, herramientas consideradas fundamentales para prevenir desastres y orientar el crecimiento de los municipios.
Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es la situación de los humedales del medio y bajo Sinú. Pese a que existe una orden judicial de protección desde hace más de dos décadas, continúan registrándose intervenciones que afectan estos ecosistemas. El informe recuerda que en septiembre de 2025 la Procuraduría solicitó abrir un incidente de desacato por obras de relleno en el humedal Berlín, al considerar que alteran la dinámica hídrica y aumentan el riesgo de inundaciones.
El panorama también preocupa en el sur del departamento. Municipios como Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano y San Carlos aparecen vinculados a problemáticas relacionadas con la extracción ilícita de minerales y la contaminación por mercurio, una situación frente a la cual las administraciones locales han recibido requerimientos reiterados para adoptar medidas de control y mitigación.
A esto se suman tres acciones populares que permanecen activas ante el Tribunal Administrativo de Córdoba por conflictos asociados a la erosión del río Sinú, la recuperación del caño Bugre y la protección de las zonas de retiro del río. Para el organismo de control, estos procesos reflejan un problema creciente en el uso del suelo y la ocupación irregular de áreas ambientalmente sensibles.
El documento también plantea la necesidad de fortalecer la capacidad técnica encargada de la gestión ambiental y del riesgo en el departamento, al considerar que la coordinación entre las entidades sigue siendo insuficiente frente a los desafíos actuales. Más allá de responder una solicitud de información, el informe deja un mensaje claro: Córdoba continúa enfrentando una deuda histórica con su territorio y la falta de acciones estructurales sigue aumentando el riesgo ambiental para miles de habitantes.