¡DEUDA MILLONARIA! Pacto Histórico enfrenta embargo por campaña presidencial de Gustavo Petro
Los problemas financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 siguen pasando factura. Cuatro años después de las elecciones, una deuda de 450 millones de pesos que habría quedado pendiente de pago terminó provocando una orden judicial de embargo contra las cuentas bancarias del Pacto Histórico, justo cuando la colectividad avanza en su consolidación como partido único.
Según reveló La Silla Vacía este martes 27 de octubre, la decisión fue adoptada por un juez de Barrancabermeja, Santander, como parte de un proceso iniciado por la empresaria Bibiana Pérez, quien asegura haber prestado el dinero el 18 de mayo de 2022 para financiar la campaña presidencial. La demandante reclama la devolución del capital y los intereses acumulados.
Inicialmente, las medidas cautelares estaban dirigidas contra Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña, y el movimiento Colombia Humana. Sin embargo, tras la fusión de varias organizaciones políticas, las responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron al Pacto Histórico, por lo que la orden ahora también afecta sus cuentas bancarias en la Cooperativa Confiar.
Este no es el único problema judicial relacionado con las finanzas de aquella campaña. Ricardo Roa también enfrenta otro proceso por una deuda de 1.109 millones de pesos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), empresa que prestó servicios de transporte durante las actividades electorales de 2022. En ese caso, un juzgado de Bogotá ordenó el embargo de bienes del exgerente.
La nueva medida llega en un momento de reorganización política para el Pacto Histórico, después de que el expresidente Gustavo Petro asumiera la presidencia de la colectividad. Aunque la decisión judicial busca garantizar el pago de la obligación reclamada, el embargo no constituye por sí mismo una sentencia definitiva sobre la responsabilidad económica.
Por ahora, el partido enfrenta el desafío de responder a estas reclamaciones mientras continúa el proceso judicial que busca establecer las obligaciones pendientes de la campaña presidencial de 2022.