“La memoria se ha convertido en un campo de batalla”: JEP solicita información por retiro de piezas del Museo Nacional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó información al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional sobre el retiro de varias piezas y exposiciones de sus salas, con el propósito de establecer si estos elementos tienen relación con el conflicto armado colombiano y si su desmonte podría afectar los derechos de las víctimas a la memoria y a la no revictimización.
El requerimiento fue emitido por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, quien explicó que la JEP busca verificar las circunstancias en las que se retiraron las piezas antes de determinar si es necesario adoptar medidas adicionales.
La controversia surgió tras en la JEP conocerse el retiro de obras y afiches históricos, entre ellos piezas promocionales de las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, asesinados en 1990, así como elementos simbólicos relacionados con la extinta guerrilla del M-19.
En diálogo, el magistrado aclaró que el objetivo inicial de la actuación es establecer si las exposiciones tienen una relación directa con el conflicto armado y determinar las posibles implicaciones de su retiro.
“En el caso concreto, estamos tratando de indagar justamente sobre las exposiciones que reposaban en el Museo Nacional, si tienen o no algún tipo de vínculo o relación con el conflicto armado colombiano”, señaló Sánchez.
El magistrado explicó que el requerimiento se enmarca en las actuaciones judiciales orientadas a proteger los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a la memoria, entendido como la posibilidad de preservar y contextualizar los hechos relacionados con el conflicto armado.
Según Sánchez, las decisiones sobre la conservación o modificación de exposiciones históricas deben considerar no solo el valor documental de las piezas, sino también la manera en que son presentadas y las posibles consecuencias para las personas afectadas por la violencia.
“El derecho a la memoria implica justamente eso, que lo ocurrido, que lo narrado refleje lo que pasó efectivamente en la realidad”, afirmó.
El funcionario también advirtió sobre las tensiones que pueden surgir alrededor de la interpretación de la historia del país y la forma en que se representan los hechos de violencia.
“Las medidas cautelares son impulsadas por las víctimas especialmente… buscan una serie de protección a sus derechos… derecho a la protección de la memoria, que es tan importante porque desafortunadamente la memoria bien se ha convertido en un campo, digámoslo así, de batalla en la narración”, expresó.
La actuación judicial se desarrolla dentro de una medida cautelar nacional relacionada con la protección de la memoria y con acciones de búsqueda y articulación frente a casos de desaparición forzada.
El magistrado indicó que, si se establece que las piezas retiradas guardan relación con el conflicto armado, será importante escuchar a las víctimas y conocer sus opiniones sobre la manera en que estos elementos se exhibían.
Sánchez explicó que una exposición puede tener valor histórico y, al mismo tiempo, generar cuestionamientos entre quienes sufrieron directamente los hechos representados. Por esa razón, consideró que las muestras deben contar con un contexto suficiente que permita comprender los acontecimientos y sus consecuencias.
La solicitud de información busca precisamente conocer las razones del retiro de las piezas y establecer si las decisiones adoptadas tienen alguna incidencia sobre los derechos que protege la jurisdicción.
El magistrado recordó que la actuación se fundamenta en las facultades contempladas en las leyes 1922 y 1957, que regulan procedimientos y competencias de la justicia transicional, incluidas las medidas cautelares para proteger derechos y bienes relacionados con sus investigaciones de la JEP.
Estas medidas pueden abarcar la preservación de archivos, lugares, elementos y otras expresiones vinculadas con la memoria del conflicto, además de actuaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.
Sánchez también rechazó que el requerimiento esté motivado por tensiones políticas recientes o por discusiones sobre el presupuesto de la justicia transicional.
“No, en lo absoluto… esto no tiene ningún tipo de relación ni vínculo, no, es simplemente el trabajo normal y cotidiano”, sostuvo.
Finalmente, el magistrado recordó que la JEP ha adoptado más de 80 medidas cautelares en diferentes regiones del país. Entre los antecedentes mencionó actuaciones relacionadas con exposiciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, tras reclamaciones de comunidades indígenas y víctimas.
Por ahora, la JEP espera la respuesta oficial del Ministerio de Cultura para evaluar la información y determinar los pasos a seguir. La decisión definitiva dependerá de los resultados de esa revisión y de las posibles afectaciones que se identifiquen sobre los derechos de las víctimas.