Defensoría pide a dos congresistas rectificar señalamientos contra magistrada de la JEP
La Defensoría del Pueblo rechazó lo que calificó como una “campaña de desprestigio y desinformación” contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su pronunciamiento del 24 de octubre, pidió a la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, y al senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, rectificar afirmaciones que considera falsas o sin sustento.
La defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la circulación de fragmentos de diligencias judiciales que, según la entidad, fueron descontextualizados para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las Farc. También rechazó comentarios sobre presuntas relaciones sentimentales de la magistrada, al considerar que utilizan estereotipos de género para descalificar su trabajo.
Frente a esos señalamientos, la Defensoría destacó que, según información de la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 antiguos comandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Agregó que sus investigaciones en el Caso 01 contribuyeron a las condenas contra integrantes del antiguo Secretariado por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.
La entidad advirtió que presentar apartes aislados de audiencias como prueba de complicidad puede distorsionar los hechos y revictimizar a quienes participaron en los procesos. Además, alertó que los ataques digitales contra mujeres en funciones públicas pueden afectar su vida personal, su salud, su trabajo y su seguridad.
Marín recordó que los congresistas tienen derecho a cuestionar decisiones judiciales y proponer reformas, pero deben hacerlo con información rigurosa y respeto por la autonomía de la justicia. Por ello, solicitó a Posada y Rodríguez rectificar y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones de violencia de género, aclarando que defender la independencia judicial no impide examinar las actuaciones de la JEP.