¡PETRO BAJO LA LUPA! Fiscalía abre investigación por presuntos contratos a cambio de favores sexuales
Las graves denuncias sobre una presunta red de mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro llegaron a la Fiscalía. El ente investigador citará a las exdirectoras del Dapre, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, mientras que una de las denunciantes, Deicy Jiménez, recibió medidas iniciales de protección del Gobierno nacional.
Un nuevo escándalo sacude el panorama político colombiano. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de las denuncias que apuntan a un posible intercambio de favores sexuales por contratos de prestación de servicios (OPS) en entidades del Estado.
El caso cobró fuerza este fin de semana, cuando la revista Semana publicó el testimonio de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que aseguró haber mantenido contacto con el entonces mandatario y denunció que presuntamente le ofrecían contratos estatales a cambio de encuentros íntimos. Según su relato, otras mujeres también habrían estado involucradas en situaciones similares, señalamientos que todavía deben ser esclarecidos judicialmente.
Las revelaciones encendieron las alarmas sobre el posible uso de recursos públicos para beneficiar a personas por motivos ajenos a las necesidades del Estado. La investigación deberá determinar si existieron contrataciones irregulares, quiénes habrían intervenido y si se cometieron delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo con información conocida, la Fiscalía abrió la noticia criminal el pasado 23 de octubre y la indagación comenzará por el presunto delito de abuso de función pública. El proceso estará a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un equipo especializado.
Entre las primeras actuaciones se encuentra la citación a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes estuvieron al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Ambas serán llamadas a entregar información que permita establecer qué ocurrió con los contratos señalados y si existieron irregularidades durante su gestión.
La Fiscalía también contempla escuchar a otros funcionarios y exfuncionarios que puedan aportar información sobre los hechos denunciados. Estas citaciones forman parte de las diligencias iniciales y no significan que se haya determinado responsabilidad penal de las exdirectoras.
El caso también ha generado diferencias entre las antiguas funcionarias del Gobierno Petro. Angie Rodríguez había denunciado públicamente una supuesta red de mujeres con influencia en decisiones y contrataciones de la Presidencia. Por su parte, Laura Sarabia aseguró que no cuenta con pruebas sobre la existencia de esa estructura y pidió que los señalamientos sean respaldados con evidencias.
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó activar una ruta de protección para Deicy Jiménez. La medida fue coordinada por el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, junto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de la joven.
La activación de esta ruta busca evaluar su situación de seguridad y definir las acciones necesarias para evitar posibles amenazas o represalias por sus declaraciones. Hasta el momento, no se han detallado públicamente las medidas específicas que tendrá la denunciante.
Las autoridades también deberán establecer si los contratos mencionados cumplieron los requisitos legales y si existió alguna relación entre su adjudicación y los encuentros denunciados. La existencia de contratos estatales no demuestra, por sí sola, que hayan sido utilizados para cometer irregularidades.
Aunque las denuncias involucran directamente al expresidente Gustavo Petro, hasta el momento no existe una decisión judicial que establezca su responsabilidad en los hechos señalados. La Fiscalía deberá evaluar las pruebas y determinar las posibles conductas delictivas, teniendo en cuenta las competencias de las autoridades judiciales para investigar actuaciones realizadas durante su etapa como senador y presidente.
El caso continúa generando interrogantes sobre el manejo de la contratación pública durante la anterior administración. Ahora, la atención está puesta en las declaraciones de las exfuncionarias, la revisión de los contratos y las pruebas que permitan establecer si detrás de las denuncias existió una utilización indebida del poder y de los recursos del Estado.