María José Pizarro rechaza denuncias de Deicy Jiménez, pero quedan preguntas sobre contrato de $34 millones
La controversia por los presuntos contratos estatales relacionados con favores personales durante el gobierno de Gustavo Petro salpicó a la exsenadora María José Pizarro, quien salió a defenderse públicamente tras ser mencionada en las denuncias de Deicy Jiménez, pero dejó sin aclarar los interrogantes sobre la contratación de la joven en el Congreso de la República.
El pronunciamiento de Pizarro se conoció este lunes 26 de octubre, luego de que la revista Semana publicara el testimonio de Jiménez, quien aseguró haber sostenido encuentros íntimos con el expresidente Gustavo Petro y haber recibido contratos en diferentes entidades del Estado.
Uno de los puntos que más ha generado cuestionamientos es un contrato cercano a los 34 millones de pesos que Jiménez tuvo con el Senado para realizar actividades de apoyo a la gestión de la Primera Vicepresidencia de esa corporación, dependencia que en ese momento estaba a cargo de María José Pizarro.
Frente a la controversia, la dirigente política rechazó las acusaciones y aseguró que su nombre está siendo utilizado para promover una campaña en su contra.
“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre”, expresó Pizarro a través de su cuenta de X.
La excongresista también cuestionó el tratamiento informativo de las denuncias y sostuvo que buscan afectar su trayectoria política. Incluso relacionó lo ocurrido con declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, a quien señaló de promover una estrategia para apartarla del escenario político.
Pizarro fue enfática al rechazar cualquier participación en las situaciones denunciadas y aseguró que su trayectoria ha estado marcada por la defensa de los derechos de las mujeres.
“Jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa”, manifestó, al tiempo que advirtió que acudirá a los estrados judiciales si continúan las afirmaciones que considera falsas.
Sin embargo, en su pronunciamiento no explicó las circunstancias específicas de la vinculación contractual de Jiménez, quién recomendó su contratación ni cuáles fueron las labores efectivamente desarrolladas por la joven.
La controversia ya llegó a los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en contratos estatales relacionados con las denuncias de Jiménez y solicitó documentación a varias entidades, incluido el Congreso.
Por ahora, las afirmaciones de la denunciante siguen siendo materia de investigación y no existe una decisión judicial que determine responsabilidades de María José Pizarro o del expresidente Gustavo Petro.
El caso mantiene abierto el debate sobre la transparencia en la contratación pública, mientras se esperan explicaciones sobre los procedimientos utilizados para vincular a Jiménez y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.