Revelan detalles de la denuncia por presunta instrumentalización de 48 mujeres durante el Gobierno Petro
Una nueva controversia política rodea a la administración del expresidente Gustavo Petro, luego de que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos, anunciara que llevará ante la justicia una denuncia relacionada con 48 mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios (OPS) durante el Gobierno anterior.
El señalamiento fue hecho el miércoles 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. Allí, Ríos afirmó que estas contrataciones habrían sido utilizadas para facilitar la cercanía de las mujeres con el entonces mandatario, en lugar de responder exclusivamente a funciones propias de la administración pública.
Según el funcionario, algunas de las mujeres estarían compartiendo información sobre lo ocurrido y la intención del actual Gobierno es recopilar elementos para sustentar las denuncias. Durante su intervención, también cuestionó el presunto uso de la Casa de Nariño para actividades ajenas a las responsabilidades oficiales. Sin embargo, no presentó públicamente detalles suficientes para establecer cómo habría operado el supuesto mecanismo ni cuál habría sido la participación de cada persona mencionada.
La denuncia también pone bajo escrutinio los contratos de prestación de servicios, una modalidad de vinculación utilizada por las entidades estatales para desarrollar actividades específicas. La investigación deberá determinar si los contratos señalados respondían a necesidades reales de las instituciones, si las obligaciones pactadas se cumplieron y si hubo un eventual uso irregular de recursos públicos.
En la información divulgada sobre el caso se mencionan contratos que habrían sido suscritos principalmente entre 2022 y 2023, con pagos mensuales de entre tres y cuatro millones de pesos. También se señala que las vinculaciones habrían involucrado a distintas entidades, entre ellas la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social. Estos datos deberán contrastarse con los documentos contractuales y los soportes de ejecución correspondientes.
Como parte de las averiguaciones, se ha informado que algunas de las mujeres estarían entregando testimonios sobre sus experiencias. No obstante, hasta ahora no se han divulgado públicamente sus identidades ni se conocen todos los elementos probatorios que respaldarían las acusaciones. Por ello, el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades siguen pendientes de esclarecimiento.
La controversia se suma a los señalamientos que ha hecho Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del DAPRE y anteriormente habló de presuntas presiones e irregularidades dentro del entorno presidencial. Sus declaraciones habían generado cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño durante la administración pasada.
Por su parte, Gustavo Petro rechazó las acusaciones y, a través de su abogado, Alejandro Carranza, las calificó de falsas y absurdas. El exmandatario también negó que en sus oficinas se consumieran drogas o alcohol y rechazó los señalamientos relacionados con supuestos contenidos de carácter sexual en sus dispositivos.
Ahora, la atención está puesta en la presentación formal de las denuncias anunciadas por el director del DAPRE y en las actuaciones que pueda adelantar la Fiscalía General de la Nación. Será la investigación la que permita establecer si existieron irregularidades contractuales, si hubo utilización indebida de recursos públicos y si hay responsabilidades individuales.