Marchar es un derecho; saber por qué se marcha es un ejercicio de conciencia ciudadana.
¿Por qué marchan? ¿Por convicción, por inconformidad, por esperanza o porque otros les han dicho que deben hacerlo? ¿Cuántos salen a las calles conociendo las razones de la convocatoria y cuántos terminan siguiendo una consigna sin detenerse a examinar lo que realmente significa? Son preguntas legítimas en una democracia que necesita ciudadanos comprometidos, pero también conscientes de sus decisiones.
Las calles tienen una fuerza simbólica innegable. Una multitud reunida puede expresar el descontento de una sociedad, respaldar una causa o exigir que quienes gobiernan escuchen a sus ciudadanos. La protesta es un derecho fundamental y su ejercicio merece respeto. Sin embargo, el número de personas que ocupa una avenida no constituye, por sí solo, una explicación de las razones que las llevaron hasta allí.
Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos marcharon, sino por qué lo hicieron y qué esperan conseguir. ¿Conocen las propuestas que defienden? ¿Han examinado los argumentos de quienes convocan? ¿Comprenden las decisiones políticas que cuestionan o respaldan? ¿Han contrastado la información que reciben o se han quedado con la versión que mejor coincide con sus propias emociones?
No se trata de presumir que quienes marchan desconocen sus motivos. Sería una generalización injusta. Muchas personas participan después de informarse, reflexionar y llegar a conclusiones propias. Otras encuentran en la movilización una oportunidad legítima para expresar preocupaciones que consideran ignoradas.
Pero también debemos reconocer que, en la política, las consignas pueden propagarse más rápido que los argumentos y las emociones pueden imponerse sobre el análisis. En ocasiones, la adhesión a un dirigente o a una causa termina ocupando el lugar de las preguntas que todo ciudadano debería hacerse. Y es precisamente ahí donde la reflexión se vuelve necesaria.
¿Por qué marchan?
Una democracia no puede depender de ciudadanos que simplemente repitan lo que escuchan. Necesita personas capaces de preguntar, contrastar, disentir y cambiar de opinión cuando los hechos así lo exijan. El pensamiento crítico no debilita una causa; permite distinguir entre las convicciones fundamentadas y las adhesiones que nunca se han examinado.
Ningún dirigente está por encima de ese escrutinio. Ni quien gobierna ni quien se opone al Gobierno debería recibir un respaldo incondicional. Las propuestas deben analizarse por sus argumentos, las promesas por sus posibilidades de cumplimiento y las decisiones por sus consecuencias para la sociedad.
La lealtad política no puede convertirse en una renuncia a la conciencia individual. Por eso, cuando una multitud sale a marchar, también es importante preguntarse qué la convoca, qué reclama y qué respuestas espera. No para deslegitimar su presencia en las calles, sino para comprender mejor el mensaje que intenta transmitir.
Marchar es un derecho. No hacerlo también lo es. Apoyar una causa no obliga a dejar de cuestionarla, del mismo modo que disentir no convierte a nadie en enemigo de quienes piensan diferente.
Porque la calidad de una democracia no se mide exclusivamente por la cantidad de personas que se movilizan, sino también por la libertad con la que cada una forma sus convicciones y la responsabilidad con la que participa en la vida pública.
¿Por qué marchan? La pregunta seguirá siendo necesaria mientras exista la política. Y cada ciudadano debería poder responderla con argumentos propios, no simplemente con las palabras de quienes lo convocaron.
Porque una multitud puede llenar las calles, pero es el criterio de cada ciudadano el que le da verdadero sentido a su participación democrática.