Córdoba tiene en el pueblo Zenú una riqueza histórica, cultural y jurídica que todavía no hemos aprendido a valorar en toda su dimensión, hablamos de nuestras raíces y de la importancia de preservar las tradiciones, pero pocas veces nos detenemos a conocer el derecho propio y la manera en que las comunidades indígenas comprenden y ejercen la justicia, detrás de esta realidad hay autoridades, conocimientos transmitidos entre generaciones y una forma de organización que merece mayor reconocimiento, no solo por su valor ancestral, sino porque hace parte de la diversidad que define nuestra identidad como departamento.
La Constitución de 1991 reconoció, en su artículo 246, la jurisdicción especial indígena, permitiendo que las autoridades de estos pueblos ejerzan funciones jurisdiccionales conforme a sus normas y procedimientos, dentro de los límites constitucionales, sin embargo, todavía existe un amplio desconocimiento sobre el alcance de este derecho, incluso entre personas que trabajan en la administración de justicia y en otras entidades públicas, comprender la jurisdicción indígena no debería ser un asunto secundario, sino parte de la formación de quienes tienen la responsabilidad de servir a una sociedad diversa, donde el respeto por las diferencias también exige conocimiento.
El derecho propio Zenú no debe mirarse como una simple costumbre ni como una competencia frente a la justicia ordinaria, su importancia está en reconocer que existen formas propias de organización y resolución de conflictos que deben comprenderse desde su contexto cultural y jurídico, conocerlas también puede aportar reflexiones sobre la convivencia, la responsabilidad comunitaria y la necesidad de acercar la justicia a las realidades de los territorios, sin desconocer que cada jurisdicción tiene sus competencias y que todas las actuaciones deben respetar las garantías constitucionales, el verdadero avance está en aprender a dialogar sin prejuicios y en reconocer que la diversidad jurídica merece un estudio serio.
En Córdoba hay esfuerzos institucionales que pueden contribuir a ese propósito, como la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional impulsada por el Consejo Seccional de la Judicatura, estos espacios permiten acercar a las autoridades judiciales y a los representantes indígenas, pero el desafío consiste en que el diálogo trascienda las reuniones y se convierta en mayor comprensión y coordinación, a ese trabajo deberían sumarse con más fuerza las universidades, especialmente las que forman abogados y futuros servidores públicos, porque es difícil exigir comprensión sobre una realidad que no se ha estudiado suficientemente durante la formación profesional.
La justicia propia Zenú
Por eso, considero necesario promover una cátedra o asignatura sobre derecho propio y jurisdicción especial indígena en los programas de Derecho, con atención a las particularidades de los pueblos indígenas de cada región y, en nuestro caso, al pueblo Zenú, sería una oportunidad para que los futuros profesionales conozcan el fundamento constitucional de esta jurisdicción, comprendan el papel de sus autoridades y aprendan a relacionarse con ellas con respeto y criterio jurídico, del mismo modo, quienes ejercen funciones de justicia dentro de las comunidades Zenú merecen ser escuchados y tratados con la misma dignidad y consideración institucional que cualquier otra autoridad legítimamente constituida, pues ninguna diferencia cultural justifica el menosprecio o la descalificación.
Córdoba tiene la oportunidad de unir esfuerzos entre el Consejo Seccional de la Judicatura, las universidades y las autoridades indígenas para que el derecho propio deje de ser un tema desconocido y ocupe el lugar que merece en la conversación pública, no se trata de enfrentar sistemas ni de afirmar que uno sea superior al otro, sino de construir una relación basada en el conocimiento, el respeto y la cooperación, porque una sociedad que comprende sus instituciones y reconoce la dignidad de sus pueblos está mejor preparada para convivir, el derecho propio Zenú no es únicamente una herencia que debemos preservar, es una realidad jurídica que debemos conocer y una parte de nuestra identidad que Córdoba no puede seguir dejando al margen.