De La Espriella advierte que quien dialogue con grupos criminales será judicializado
Una postura de mano dura frente a los grupos criminales volvió a marcar el discurso del presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que durante su Gobierno no estarán permitidos los acercamientos ni las conversaciones con organizaciones que el Estado considere terroristas.
El mandatario fue enfático en señalar que ningún funcionario, dentro o fuera del Gobierno, está autorizado para establecer comunicación con estos grupos y advirtió que quienes incumplan esta directriz deberán responder ante la justicia. “Absolutamente nadie está autorizado para establecer comunicación con los grupos terroristas. Funcionario particular que lo haga, será llevado ante los tribunales”, afirmó.
De La Espriella reiteró que su Gobierno no contempla diálogos de paz con grupos criminales y que la única alternativa que tendrán será el sometimiento a la justicia. También anunció que las personas requeridas por autoridades extranjeras serán extraditadas una vez se cumplan los procedimientos y términos establecidos por la ley.
Según el presidente, durante sus primeros 17 días de mandato ha firmado la extradición de 30 personas señaladas de actividades criminales, y aseguró que continuará aplicando esta medida. Además, sostuvo que “se acabó” la práctica de establecer contactos con quienes calificó como “enemigos de la patria”.
Durante su intervención, el mandatario también retomó una de sus principales promesas de campaña: la construcción de megacárceles de máxima seguridad para los criminales considerados más peligrosos. De La Espriella cuestionó las condiciones actuales del sistema penitenciario y aseguró que algunas cárceles se han convertido en centros desde donde se coordinan extorsiones, amenazas y otros delitos.
El presidente afirmó que estas nuevas cárceles serán construidas con participación de la empresa privada y estarán destinadas a recluir a los integrantes de estructuras criminales de mayor peligrosidad. Mientras avanzan estos proyectos, anunció el refuerzo inmediato de la seguridad en los establecimientos penitenciarios existentes para enfrentar problemas de descontrol y corrupción.
Las declaraciones del mandatario reafirman la línea de seguridad de su administración, basada en el fortalecimiento de las operaciones contra las estructuras criminales, la extradición de requeridos y el endurecimiento de las condiciones penitenciarias.