“Están muy equivocados”: ‘El Tigre’, sobre prohibición de la camiseta tricolor en su campaña
Según el despacho judicial, la orden busca evitar que la imagen de la Selección Colombia pueda interpretarse como un respaldo político o que sea utilizada para asociar la identidad deportiva nacional con una candidatura específica.
El candidato presidencial Abelardo De la Espriella reaccionó con dureza a la decisión de un juez de Bogotá que ordenó suspender temporalmente el uso de la camiseta, los colores y los emblemas de la Selección Colombia en actividades de su campaña política. El aspirante aseguró que la medida representa una señal preocupante sobre posibles restricciones a las libertades ciudadanas.
Prohibición de la camiseta tricolor en campaña de Abelardo
“Los símbolos patrios nos unen como colombianos. Por eso, cualquier intento de estigmatizarlos, restringir su uso o justificar actos de vandalismo contra ellos debe ser motivo de preocupación”, afirmó De la Espriella. Además, sostuvo que la decisión judicial constituye una “alarma” para quienes consideran que se estaría limitando el derecho de los ciudadanos a expresar su identidad nacional.
La medida fue adoptada por el Juzgado 120 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, luego de admitir una acción de tutela presentada por un ciudadano que cuestionó el uso de símbolos asociados a la Selección Colombia dentro de la estrategia política del movimiento Defensores de la Patria y de la campaña presidencial del denominado “Tigre”.
Según el despacho judicial, la orden busca evitar que la imagen de la Selección Colombia pueda interpretarse como un respaldo político o que sea utilizada para asociar la identidad deportiva nacional con una candidatura específica. Mientras se resuelve de fondo la tutela, De la Espriella y los integrantes de su movimiento deberán abstenerse de utilizar estos elementos en actos públicos y piezas de campaña.
El recurso fue interpuesto por Wilmar Bocanegra, quien argumentó que la apropiación de este símbolo nacional por parte de un sector político podría afectar principios democráticos y generar escenarios de exclusión. El juez tendrá ahora un plazo de 15 días para emitir una decisión definitiva sobre el caso, que se ha convertido en uno de los debates más polémicos de la actual campaña presidencial.
