Alcalde de Villa de Leyva terminó en la cárcel por presunta red de favores y cobros en licencias urbanísticas
La Fiscalía señala al mandatario de exigir dinero, contratos y beneficios para facilitar trámites relacionados con un proyecto inmobiliario en Boyacá.
Lo que comenzó como un trámite urbanístico para ampliar una licencia de construcción terminó destapando un escándalo de presunta corrupción que hoy tiene al alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, tras las rejas.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez enviara a centro carcelario al mandatario Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, señalado de presuntamente exigir dinero y beneficios económicos a cambio de facilitar procesos administrativos relacionados con un proyecto inmobiliario en ese municipio turístico.
De acuerdo con la investigación, el caso habría iniciado en junio de 2025, cuando el alcalde presuntamente le pidió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para que manejara asesorías relacionadas con permisos y trámites urbanísticos.
Según la Fiscalía, la exigencia no habría quedado allí. El mandatario también habría solicitado aumentar el salario de ese intermediario, quien durante 11 meses recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
Pero el episodio más delicado ocurrió presuntamente el 4 de marzo de 2026. Investigadores aseguran que, a través de mensajes de voz, Gamboa Chaparro habría solicitado 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor relacionado con la ampliación de la licencia de construcción.
Aunque posteriormente el alcalde habría retirado esa petición durante una llamada telefónica, la Fiscalía sostiene que días después tomó decisiones administrativas que terminaron afectando directamente a la empresa involucrada.
El 6 de marzo, presuntamente en medio de un posible conflicto de intereses, el mandatario firmó una resolución que habría servido como mecanismo de presión tras la negativa de la empresaria de acceder a las exigencias económicas.
Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia. Además, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos contra los responsables del proyecto.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde los delitos de concusión y prevaricato por acción. Aunque el mandatario no aceptó los cargos, un juez de control de garantías consideró suficientes los elementos presentados y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.