Corte Suprema de Justicia fija audiencia preparatoria contra Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD
Los excongresistas, investigados por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación.
La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema citó a los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, a audiencia preparatoria de juicio dentro del proceso penal que se les sigue por el denominado escándalo de la UNGRD, relacionado con presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira.
Calle y Name a audiencia
La diligencia fue programada para el jueves 5 de marzo a las 2:15 p. m., de manera virtual, y constituye el paso previo al juicio, en el que se definirán las pruebas que serán debatidas durante el proceso.
Name y Calle permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde mayo de 2025, cuando fueron capturados por orden de la Sala Especial de Instrucción. Tres meses después, la Corte los acusó formalmente por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Aunque interpusieron recursos contra la acusación, en octubre el alto tribunal dejó en firme esa decisión.
El origen del escándalo en la UNGRD
El caso se desprende de presuntas irregularidades en millonarios contratos para la adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Según la investigación, parte de los recursos habría sido desviada para el pago de sobornos a congresistas.
De acuerdo con declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quien aceptó su responsabilidad y fue condenado a cinco años de prisión—, Iván Name habría recibido $3.000 millones y Andrés Calle $1.000 millones. Los recursos, según el testimonio, provenían de sobrecostos en los contratos y tendrían como propósito agilizar el trámite de reformas del Gobierno.
Pinilla también señaló que la intermediación habría estado a cargo de Sandra Liliana Ortiz, hoy detenida preventivamente, y que los pagos se habrían realizado en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales. Según su versión, las entregas se hicieron en efectivo, en maletas, en Bogotá y Montería.
En el expediente también se menciona a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien estaría prófugo y asilado en Nicaragua, como presunto ordenador de los pagos.
La Fiscalía ha calificado el entramado como una “empresa criminal” y ha vinculado a otros exfuncionarios y congresistas en el curso de la investigación.
La audiencia preparatoria de Calle y Name, marcará un punto clave en el proceso judicial, al definir las pruebas que sustentarán el eventual juicio contra los excongresistas en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes vinculados a la gestión del riesgo en el país.