Colombia rechaza ayuda humanitaria de EE. UU. pese a inundaciones devastadoras en Córdoba
Con un pronunciamiento inesperado, el Gobierno de Colombia rechazó la asistencia humanitaria enviada por Estados Unidos para atender la crisis provocada por las inundaciones en Córdoba, alegando que el país cuenta con la capacidad interna para enfrentar la emergencia. La oferta estadounidense incluía alimentos, kits de saneamiento y suministros para refugios temporales, destinados inicialmente a 1.400 hogares afectados.
El Departamento de Estado de EE. UU. había destacado en redes sociales que más de 250.000 familias se han visto afectadas y que unas 72.000 viviendas sufrieron daños por las fuertes lluvias. La intención de la ayuda era mitigar la grave situación social y económica que atraviesa el departamento, donde 24 de sus 30 municipios permanecen inundados.
La Cancillería colombiana justificó la decisión señalando que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD) tiene la capacidad técnica y logística para atender la emergencia. Explicó además que la cooperación internacional solo se activa mediante un Llamamiento Internacional, firmado por el presidente, que establece los procedimientos y la rendición de cuentas, asegurando la soberanía del país.
Aunque se mantiene contacto preventivo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Colombia no ha activado mecanismos internacionales de respuesta, confiando en la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para liderar las acciones en el terreno con criterios técnicos.
Históricamente, Colombia ha recibido cooperación internacional en emergencias. En 2024, por ejemplo, declaró desastre nacional ante los incendios forestales y solicitó ayuda a Estados Unidos, Chile, Perú, Canadá, la ONU y la Unión Europea. Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno opta por manejar la crisis con recursos y protocolos internos.
La magnitud del desastre en Córdoba es severa: las lluvias que comenzaron en enero de 2026 han causado pérdidas superiores a COP 432.000 millones en agricultura y ganadería, afectando entre 120.000 y 140.000 personas. El 12 de febrero, el Gobierno declaró el estado de crisis económica en el departamento, permitiendo traslados presupuestales y otras medidas extraordinarias para atender a los afectados, mientras la subregión de Urabá, en Antioquia, sigue en alerta total.