SAE adeuda más de $235 millones en predial por la finca La Manuela tras su millonaria subasta en El Peñol
La subasta de la emblemática finca La Manuela, antiguo predio del extinto narcotraficante Pablo Escobar, abrió un nuevo frente de controversia en el municipio de El Peñol, Antioquia. La alcaldesa Sandra Duque denunció públicamente que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mantiene una millonaria deuda por concepto de impuesto predial asociada a este inmueble, recientemente vendido por más de 7.700 millones de pesos.
Según explicó la mandataria, el predio ubicado en la vereda El Uvita, a orillas de la represa acumula 144 cuotas vencidas de impuesto predial, lo que representa una deuda superior a 235 millones de pesos con el municipio. La finca cuenta con una extensión aproximada de 7.826 metros cuadrados y fue subastada el pasado 13 de enero, cuando un particular adquirió el bien administrado por la SAE.
“La Sociedad de Activos Especiales le está adeudando al municipio de El Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de $235.771.784. Queremos claridad sobre a quién corresponde asumir esta obligación”, señaló la alcaldesa Duque, quien pidió una respuesta concreta por parte de la entidad nacional.
La situación genera aún más cuestionamientos si se tiene en cuenta que el valor de la subasta superó ampliamente el avalúo catastral del predio, fijado en $2.887 millones, de acuerdo con cifras oficiales del municipio. Para la administración local, la diferencia entre ambos montos resulta llamativa y amerita explicaciones adicionales.
La finca La Manuela fue durante años un símbolo de las operaciones ilegales del Cartel de Medellín y, tras pasar a manos del Estado, había sido considerada por anteriores gobiernos locales como una oportunidad para el desarrollo de proyectos turísticos que dinamizaran la economía de El Peñol.
En ese sentido, la alcaldesa cuestionó lo que calificó como un “acto administrativo misterioso” alrededor de la venta del predio, al tiempo que recordó que el municipio había solicitado en reiteradas ocasiones que el inmueble fuera entregado para fines de beneficio comunitario.
Hasta el momento, la SAE no se ha pronunciado oficialmente sobre la deuda denunciada ni sobre el destino de los recursos generados por la subasta. Mientras tanto, la administración municipal insiste en que el pago del impuesto predial es una obligación que no puede quedar en el limbo tras la venta del predio.