Organizaciones de derechos humanos respaldan denuncias por trata y acoso contra Julio Iglesias
Las acusaciones salieron a la luz tras una investigación conjunta de la cadena Univisión y el medio español elDiario.es, que recogió los testimonios de una extrabajadora doméstica y una exfisioterapeuta.
Organizaciones internacionales de derechos humanos respaldaron públicamente las denuncias por presunta “trata de seres humanos” y “acoso sexual” contra el cantante español Julio Iglesias, presentadas por dos exempleadas que habrían trabajado para el artista hasta el año 2021.
Acusaciones contra Julio Iglesias
Las acusaciones salieron a la luz tras una investigación conjunta de la cadena Univisión y el medio español elDiario.es, que recogió los testimonios de una extrabajadora doméstica y una exfisioterapeuta. Ambas mujeres aseguraron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, vejaciones y, en uno de los casos, violación, mientras laboraban en propiedades del cantante en República Dominicana y las Bahamas.
Amnistía Internacional y la organización Women’s Link Worldwide confirmaron su respaldo a las denunciantes y señalaron que los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021. En un comunicado, Amnistía indicó que, según las denuncias, las mujeres habrían sufrido múltiples formas de violencia, entre ellas sexual, psicológica, física y económica.
Las organizaciones informaron además que el pasado 5 de enero los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía española. De acuerdo con el reporte, los hechos podrían configurar delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, lesiones personales y vulneración de derechos laborales.
Según los testimonios recopilados, Julio Iglesias presuntamente controlaba los teléfonos celulares de las mujeres, les prohibía salir de las residencias donde trabajaban y les imponía jornadas de hasta 16 horas diarias, sin contrato ni días de descanso. El caso permanece ahora en manos de las autoridades judiciales españolas, que deberán determinar la veracidad de las denuncias y las posibles responsabilidades penales.
