“La acusación tiene vacíos e irregularidades”: Magistrada Cristina Lombana cuestiona pruebas y decisiones en el caso Name-Calle
En medio del proceso judicial por el escándalo de la UNGRD que involucra a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, un nuevo capítulo de controversia se abrió al conocerse el salvamento de voto de la magistrada Cristina Lombana, quien cuestiona de manera contundente la validez de las pruebas y la forma en que se tomó la decisión de acusarlos formalmente ante la Corte Suprema de Justicia.
El documento, de más de 300 páginas y revelado en primicia por El Tiempo, muestra que la magistrada Lombana advierte la existencia de pruebas ilegales, presiones procesales y conclusiones sin sustento, que habrían influido en la acusación que actualmente mantiene a ambos congresistas recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota.
Según la magistrada, la providencia aprobada no coincidía con lo debatido por la Sala de Instrucción, en especial sobre la medida de aseguramiento impuesta. “Fue el ponente el único que decidió rechazar la posibilidad de una medida sustitutiva o no privativa de la libertad. Los demás miembros de la Sala no contemplaron esa opción”, señaló Lombana, en referencia a la decisión del magistrado Francisco Farfán, encargado del caso.
La togada también criticó la utilización de documentos entregados por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, al señalar que estos fueron obtenidos por peritos privados contratados por la defensa, sin autorización judicial ni posesión oficial, por lo que no pueden considerarse pruebas válidas dentro del proceso.
“Esa información, en gracia de discusión, solo podía servir como elemento orientador de la investigación, mas no como prueba válida”, escribió Lombana, quien insistió en que la acusación se basó en información obtenida de manera irregular.
Asimismo, cuestionó el origen de las evidencias que sustentan el supuesto pago de sobornos 4.000 millones de pesos, 3.000 para Name y 1.000 para Calle, advirtiendo que no existen pruebas materiales que demuestren la entrega ni el destino del dinero, y que el relato de Pinilla “es el único soporte, pese a no haber sido verificado ni corroborado con elementos objetivos”.
La magistrada también apuntó que el supuesto acuerdo entre los congresistas y el Gobierno para apoyar reformas legislativas carece de sustento probatorio, señalando que “no existe prueba puntual, ni siquiera indirecta, de que se haya pactado ese apoyo a cambio de dinero”.
Este salvamento de voto se suma a las observaciones de otros magistrados de la Sala de Instrucción, quienes también presentaron reparos o aclaraciones frente al proyecto de acusación. El magistrado Misael Rodríguez, por ejemplo, advirtió la falta de elementos para configurar el delito de peculado, mientras que Héctor Javier Alarcón discrepó sobre la calificación del cohecho, proponiendo que debía ser tratado como propio y no impropio.
El pronunciamiento de Lombana reabre el debate sobre la consistencia jurídica del caso UNGRD y la validez de las pruebas que sustentan la imputación contra los exparlamentarios, al tiempo que deja al descubierto las divisiones internas en la Corte Suprema frente a uno de los procesos más sensibles del panorama político y judicial del país.
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