Martha Peralta, señalada de presunto tráfico de influencias en el caso UNGRD
Aunque el epicentro del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estuvo en La Guajira, las investigaciones comienzan a rodear a la senadora Martha Peralta, una de las figuras políticas más influyentes de ese departamento y actual presidenta de la Comisión Séptima del Senado.
La Corte Suprema de Justicia, a través del despacho de la magistrada Cristina Lombana, indaga a la congresista por su presunta participación en la adjudicación de un contrato de maquinaria amarilla destinado a la construcción de jagüeyes en La Guajira.
Sin embargo, nuevos elementos que reposan en el expediente de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, revelan un ángulo adicional que no fue tenido en cuenta por la Fiscalía en el principio de oportunidad que se le concedió: posibles gestiones de Peralta para influir en la aprobación de la reforma pensional en junio de 2023, cuando la iniciativa se discutía en la Comisión Séptima del Senado.
En los chats analizados, la senadora habría mantenido contacto directo con López, lo que contradice sus declaraciones públicas. En marzo de 2025, Peralta aseguró:
“Aclaro que nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de UNGRD con el propósito de direccionar contratos, favorecer intereses de terceros o participar en cualquier acto contrario a la ley, la ética o la transparencia en el ejercicio de mi labor”.
Los mensajes, no obstante, muestran intercambios que coinciden con momentos clave: uno de ellos el mismo día en que la reforma pensional fue aprobada en primer debate, cuando López aún dirigía la UNGRD.
Aunque este aspecto no está bajo la lupa de la Corte Suprema, sí plantea dudas sobre un eventual tráfico de influencias que habría favorecido tanto a la agenda legislativa del Gobierno como a intereses políticos en La Guajira.
