Palma de aceite en la doctrina: Una buena iniciativa que merece transparencia
Por: Ciro de León
Con satisfacción, veo el anuncio de un programa de fomento al cultivo de palma de aceite en el Distrito de Riego y Drenaje de La Doctrina, municipio de Lorica, Córdoba.
Me alegra que finalmente se esté pensando en aprovechar la infraestructura productiva existente para impulsar cultivos con ventajas absolutas capaces de generar riqueza, empleo y bienestar en el campo. Sin embargo, considero que una iniciativa tan acertada debe estar acompañada de absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por eso, quisiera que los responsables del programa, tanto de la Gobernación de Córdoba como de las entidades participantes, respondieran públicamente las siguientes inquietudes:
- ¿Cómo se distribuye la inversión por hectárea? Se anuncia una inversión total de $2.655.000.000 para establecer 80 hectáreas de palma de aceite, lo que representa un promedio de $33.187.500 por hectárea.
Me gustaría conocer el presupuesto detallado y desagregado de esta inversión, especialmente teniendo en cuenta que los terrenos se encuentran dentro de un distrito que ya dispone de infraestructura de riego y drenaje.
¿Cuánto corresponde a preparación del terreno, material vegetal, fertilización, mano de obra, asistencia técnica, administración y demás conceptos? ¿Se contempla alguna inversión adicional en riego o drenaje y, de ser así, por qué?
- ¿Los recursos son créditos o aportes no reembolsables? ¿El dinero se entrega a los productores como crédito que deberán devolver o como subsidio financiado con recursos públicos? En caso de existir aportes de los beneficiarios, ¿cuánto deberán aportar y bajo qué condiciones?
- ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario? ¿Qué condiciones deben cumplir los productores para acceder al programa? ¿Se exige ser propietario de la tierra, se aceptan arrendatarios y poseedores, cuál es el área mínima y máxima por beneficiario y cómo se garantiza una selección objetiva y transparente?
- ¿Qué exigencias existen sobre el material vegetal? ¿Se ha definido qué tipo de material genético debe sembrarse?¿Se han establecido criterios técnicos relacionados con productividad, adaptación al ecosistema y resistencia a enfermedades para elegir entre híbrido y variedad?
- ¿Quién comprará la producción?¿Existe un compromiso comercial con alguna planta extractora?¿Los productores tendrán libertad para vender sus racimos de fruta fresca a la planta que les ofrezca mejores condiciones o estarán obligados a entregarlos a un comprador determinado?¿Cómo se establecerá el precio de compra?
- ¿Cuáles serían las condiciones financieras si se trata de un crédito? En caso de ser recursos reembolsables, ¿cuál será la tasa de interés, el plazo de amortización y el período de gracia?
Es fundamental recordar que la palma de aceite requiere varios años de inversión antes de alcanzar una producción comercial significativa.
- ¿Quién administrará los recursos? ¿El dinero será manejado directamente por los productores beneficiarios o mediante un operador o integrador?
Si existe un integrador, ¿cómo será seleccionado, cuánto cobrará por administrar el proyecto y qué mecanismos de vigilancia y control se aplicarán?
También sería conveniente conocer qué porcentaje de los recursos llegará efectivamente a las inversiones productivas de cada hectárea.
- ¿Cuál es el aporte real del Estado y cuánto corresponde a contrapartidas?
¿Los $2.655 millones anunciados corresponden en su totalidad a recursos públicos nuevos o incluyen aportes de los productores, empresas privadas u otras entidades?
Es fundamental conocer cuánto aporta realmente el Estado, cuánto corresponde a contrapartidas y cuál es el costo efectivo del programa por hectárea para los contribuyentes.
UNA REFLEXIÓN FINAL
Quiero dejar absolutamente claro que apoyo las iniciativas que buscan transformar la agricultura tradicional en una actividad empresarial, productiva y competitiva.
Precisamente por eso considero indispensable que los responsables expliquen públicamente cómo se invertirán estos $2.655 millones.
No estoy afirmando que exista corrupción ni irregularidad alguna. Lo que planteo es que la transparencia debe comenzar antes de ejecutar los recursos, no después de que aparezcan cuestionamientos.
El mejor mecanismo para proteger la credibilidad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, de la Gobernación de Córdoba y de las instituciones participantes es garantizar que cada peso público se invierta de manera eficiente, verificable y en beneficio de los productores.
El verdadero éxito de un programa de fomento agrícola no debe medirse por la cantidad de dinero que se anuncia, sino por la productividad alcanzada, la riqueza generada y la capacidad de los agricultores para sostenerse sin depender permanentemente del Estado.
Ojalá los responsables respondan estas inquietudes. Sería una excelente oportunidad para demostrar que en Córdoba podemos hacer política agropecuaria con criterios técnicos, económicos y absoluta transparencia