Otra congresista del Pacto Histórico admite que no tiene título de abogada: “No cometí ningún delito”
Andrea Camila Vargas de la Hoz reconoció que aún no se ha graduado de Derecho, pese a que su perfil oficial en la Cámara de Representantes la identificaba como abogada de la Universidad del Atlántico.
Una nueva polémica por títulos profesionales sacude al Pacto Histórico. Esta vez, la protagonista es la representante a la Cámara por el Atlántico, Andrea Camila Vargas de la Hoz, quien reconoció públicamente que no cuenta con el título de abogada, aunque en su biografía oficial del Congreso aparecía como profesional del Derecho. La situación ha generado cuestionamientos sobre la información académica que presentan los congresistas.
La controversia surgió luego de que se conociera que la parlamentaria no figuraba en el registro profesional del Consejo Superior de la Judicatura. A esto se sumaron denuncias de un ciudadano que cuestionó su formación universitaria y aseguró que no habría culminado todos sus estudios. Sin embargo, Vargas rechazó esos señalamientos y explicó que completó las materias del programa de Derecho en la Universidad del Atlántico, pero todavía tiene requisitos pendientes para obtener su diploma.
“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el Estado ni falsifiqué mucho menos ningún título”, afirmó la congresista. Asimismo, aclaró: “Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma”. Según su versión, la información publicada en la página de la Cámara correspondía a un error que fue corregido después de revisar sus documentos académicos.
El caso se conoce en medio de los cuestionamientos contra otra integrante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, por presuntas irregularidades en sus títulos profesionales. Tras la controversia, el perfil de Andrea Vargas fue modificado para reflejar que aún no cuenta con el diploma de Derecho. Hasta el momento, no se conocen decisiones judiciales que establezcan alguna responsabilidad penal de la representante por estos hechos, mientras continúa el debate sobre la transparencia de la información académica de quienes ocupan cargos públicos.