¡Alerta en el ICBF por falta de personal! advierten riesgos para la protección de niños y adolescentes en Colombia
Una seria preocupación por la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia fue expresada por la Asociación Colombiana de Defensores de Familia (ACODEFAM), que hizo un llamado urgente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para acelerar la contratación de los profesionales que necesitan las Defensorías de Familia para cumplir con sus funciones.
La alerta está relacionada con el vencimiento de los contratos del personal de apoyo el pasado 31 de octubre en el ICBF, situación que, según la asociación, dejó a varias dependencias sin los equipos interdisciplinarios completos para atender las denuncias, verificar las condiciones de los menores y adelantar los procedimientos necesarios para restablecer sus derechos.
Leonel Barreto Alfonso, presidente de ACODEFAM, explicó que entre los profesionales cuya contratación se requiere están psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, abogados, antropólogos y personal técnico. Estos especialistas cumplen una función fundamental en los procesos de protección, pues realizan valoraciones, investigaciones, visitas e informes que permiten a los defensores de familia conocer las condiciones en las que se encuentran los menores y determinar las medidas que deben adoptarse.
La preocupación radica en que las denuncias continúan llegando diariamente a las Defensorías de Familia, muchas relacionadas con maltrato, abandono, violencia sexual, negligencia y otras situaciones que requieren intervención inmediata.
Sin el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios, los defensores encuentran mayores dificultades para verificar los hechos, evaluar los riesgos y tomar decisiones oportunas. Esta situación podría prolongar la exposición de niños y adolescentes a escenarios de violencia y vulneración de derechos.
Barreto advirtió sobre la gravedad de las consecuencias que puede tener esta falta de personal, especialmente en los casos en los que los menores podrían continuar conviviendo con sus presuntos agresores mientras se adelantan las investigaciones necesarias para determinar su situación.
Los datos entregados por el presidente de ACODEFAM permiten dimensionar la magnitud de las responsabilidades que tienen estas dependencias.
Durante el año pasado se reportaron más de 240.000 casos y solicitudes de restablecimiento de derechos relacionados con diferentes situaciones de vulneración contra niños, niñas y adolescentes. De ese total, cerca de 55.000 dieron lugar a la apertura de procesos en el ICBF.
Entre estos últimos, por lo menos 20.000 estaban relacionados con violencia sexual y más de 20.000 correspondían a distintas formas de violencia por negligencia.
Estas cifras reflejan la demanda de atención que enfrentan las Defensorías de Familia y la importancia de contar con equipos profesionales suficientes para responder a las denuncias.
Para ACODEFAM, la interrupción de los contratos representa un problema que va más allá de las dificultades administrativas, debido a que puede afectar directamente los tiempos de respuesta y las decisiones que deben adoptarse para proteger a los menores.
Además, los términos legales de los procesos continúan corriendo, incluso cuando las dependencias no cuentan con todos los profesionales necesarios. Esta situación también genera preocupación entre los defensores de familia, quienes pueden enfrentar investigaciones disciplinarias e incluso penales cuando se presentan incumplimientos de sus obligaciones legales.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General del ICBF, actualmente existen 1.474 cargos de defensores de familia, mientras que de las 5.887 personas que prestan sus servicios en estas dependencias, 2.125 son contratistas.
Para la asociación, estas cifras evidencian la importancia que tiene el personal contratado dentro del funcionamiento de las Defensorías y los riesgos que genera la falta de continuidad en la vinculación de los equipos de apoyo.
Ante este panorama, ACODEFAM envió una comunicación a la directora general del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, en la que solicitó información sobre las medidas adoptadas para solucionar la situación y conocer el cronograma previsto para garantizar la contratación.
La organización también pidió priorizar la vinculación de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, nutricionistas y demás profesionales y técnicos que integran los equipos interdisciplinarios.
Asimismo, propuso abrir un espacio de diálogo con la dirección del Instituto para presentar alternativas que permitan fortalecer las Defensorías de Familia y mejorar sus condiciones de funcionamiento.
La asociación aclaró que su petición no pretende favorecer a determinados contratistas ni defender la permanencia de personas específicas. Su propósito, aseguró, es que las dependencias cuenten con el personal suficiente y especializado para atender a los menores que necesitan protección.
Otro de los puntos que preocupa a los defensores es la disponibilidad de cupos y servicios para atender a los niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer en sus hogares porque sus familias no representan un entorno seguro.
Para ACODEFAM, la respuesta institucional debe garantizar tanto la disponibilidad de profesionales como los recursos necesarios para adoptar medidas de protección cuando se identifiquen situaciones de riesgo.
El llamado al ICBF es a resolver de manera urgente la contratación y garantizar que los equipos interdisciplinarios tengan continuidad, evitando periodos de interrupción que puedan afectar la atención.
La asociación insiste en que detrás de cada denuncia existe un menor que necesita una respuesta oportuna del Estado. Por eso, advierte que la falta de personal del ICBF no puede convertirse en un obstáculo para investigar situaciones de violencia, identificar a los responsables y adoptar medidas que eviten nuevas vulneraciones.
La preocupación de los defensores de familia es que las dificultades administrativas terminen teniendo consecuencias sobre quienes más necesitan protección: los niños y adolescentes del país.