JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 militares y policías por violencia de género
La Jurisdicción Especial para la Paz identificó 565 hechos ocurridos entre 1978 y 2016, que dejaron 755 víctimas directas. Entre los comparecientes está el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, señalado por omisión en relación con la incursión paramilitar a Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, en 1999.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército Nacional y dos de la Policía, por su responsabilidad en hechos de violencia basada en género contra la población civil durante el conflicto armado colombiano.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que llamó a los comparecientes a reconocer responsabilidad por conductas cometidas directamente por integrantes de la fuerza pública y por hechos en los que habrían participado en alianza con estructuras paramilitares en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la investigación, la JEP documentó 565 casos ocurridos entre 1978 y 2016, que dejaron 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. De ese universo, 738 víctimas han sido acreditadas en el Subcaso 2 del Caso 11.
La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad que permiten comprender cómo las violencias basadas en género fueron utilizadas durante el conflicto armado como instrumentos de control, sometimiento y dominación sobre la población civil.
El primero corresponde a ataques contra comunidades bajo argumentos contrainsurgentes. Según la JEP, integrantes de la fuerza pública actuaron directamente o establecieron alianzas con grupos paramilitares para cometer agresiones en las que la violencia sexual se convirtió en un mecanismo de humillación, castigo, terror y expulsión de los habitantes de sus territorios.
El segundo patrón está relacionado con las violencias basadas en género utilizadas como formas de apropiación sexual, reproductiva y doméstica, además de mecanismos de castigo y disciplinamiento. Estas prácticas, según la investigación, fueron facilitadas por la presencia y el control territorial que ejercían integrantes de la fuerza pública en diferentes regiones.
Uno de los nombres que aparece entre los 18 comparecientes es el del brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, quien estuvo al mando de la Quinta Brigada del Ejército entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999.
La JEP lo llamó a reconocer responsabilidad por omisión en relación con la incursión paramilitar a Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, ocurrida en 1999.
El oficial ya había sido mencionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual de ese año. En el documento, la Comisión señaló que el entonces presidente de la República lo retiró del servicio activo el primero de septiembre de 1999, por su presunta vinculación con omisiones oficiales que habrían contribuido a la consumación de las masacres de La Gabarra.
En su reciente investigación, la JEP documentó la magnitud de la violencia registrada en Tibú durante la incursión paramilitar. Entre mayo y diciembre de 1999, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 fueron víctimas de desaparición forzada y 48 sufrieron tortura.
A estos hechos se suman más de 50 víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, así como más de 2.000 habitantes que fueron expulsados del municipio y desplazados como consecuencia de la incursión.
Por estos acontecimientos, además de Bravo Silva, fueron llamados a reconocer responsabilidad el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez; los mayores retirados Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez y Daladier Rivera Jácome, y el soldado retirado José Misael Valero Santana.
La investigación de la JEP también incluyó graves episodios ocurridos en otros departamentos. Entre ellos están la masacre de La Cabuya, en Tame, Arauca, en 1998; la incursión de Los Masetos en la provincia de Lengupá, Boyacá, entre 1991 y 1992, y los ataques registrados en Chiscas, Boyacá, en 2003.
Otro de los casos documentados corresponde a las violencias sexuales y los asesinatos de niñas y niños en Tame, Arauca, en 2010.
Por estos hechos, la Sala llamó a reconocer responsabilidad por omisión al coronel retirado Francisco Sanmiguel Guzmán y al mayor retirado James Alberto Granada Carmona. La imputación está relacionada con el incumplimiento de sus deberes de prevención, control y disciplina frente a las actuaciones de un oficial que posteriormente fue condenado por la justicia ordinaria por la violencia sexual y el asesinato de dos niños y una niña.
En Puerto Gaitán, Meta, la JEP documentó hechos de servidumbre y esclavitud ocurridos entre 2002 y 2004. Según la investigación, integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron al menos a 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas, quienes fueron sometidas a trabajos forzados, rapado del cabello, tratos crueles y, en algunos casos, violencia sexual.
Por estos hechos fue llamado a reconocer responsabilidad por omisión el capitán retirado de la Policía Reinaldo Rincón Rojas.
Uno de los hallazgos relevantes de la investigación es la documentación de agresiones sexuales contra hombres durante el conflicto armado.
La JEP acreditó individualmente a 55 víctimas y reconoció un colectivo integrado por 115 hombres. En la región Caribe, particularmente en el Atlántico, estas agresiones habrían sido utilizadas como castigo contra quienes incumplían los pagos exigidos por estructuras armadas.
En la ribera del río Magdalena, por su parte, la violencia sexual habría sido empleada como mecanismo de intimidación para obligar al desplazamiento de familias y consolidar el control territorial.
La Sala también identificó factores institucionales y culturales que facilitaron la ocurrencia de estos crímenes. Entre ellos mencionó la ausencia o insuficiencia de políticas y mecanismos para prevenir las violencias basadas en género y atender a las víctimas, así como la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera que favoreció prácticas de dominación y discriminación.
Tras la imputación, los 18 antiguos integrantes de la fuerza pública cuentan con 15 días hábiles para comunicar a la JEP si reconocen total o parcialmente los crímenes atribuidos o si no aceptan responsabilidad.
A partir de sus respuestas, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará el camino procesal que deberá seguir el expediente.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad, el proceso podrá continuar por la ruta dialógica, orientada al reconocimiento de verdad y responsabilidad. En caso de que no acepten los cargos, la JEP podrá remitir las actuaciones a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), para que avance el procedimiento correspondiente.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de las violencias basadas en género cometidas durante el conflicto armado y en la determinación de las responsabilidades de antiguos integrantes de la fuerza pública, tanto por acciones directas como por omisiones frente a los crímenes perpetrados contra la población civil.