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¡Doble ausencia! Deicy Jiménez y Angie Rodríguez no comparecieron ante la Fiscalía

Nuevos aplazamientos se presentan en la investigación por presuntos contratos estatales a cambio de favores íntimos durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La Fiscalía confirmó que Deicy Jiménez y su abogada, Dina Malo, no asistieron a la diligencia programada en el Búnker de Bogotá, debido a un percance de salud que habría sufrido el esposo de la representante legal.

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La Fiscalía permanece a la espera de que Jiménez comparezca este viernes 13 de noviembre o durante el fin de semana para rendir su declaración formal. La diligencia es clave dentro de las investigaciones que buscan esclarecer presuntos ofrecimientos de cargos y contratos públicos, así como las circunstancias que rodearon la vinculación laboral de la exfuncionaria en diferentes entidades del Estado.

El teléfono celular de Deicy Jiménez también está bajo análisis de las autoridades. Días atrás, la exfuncionaria entregó el dispositivo para una inspección forense solicitada por la Corte Suprema de Justicia. Durante el procedimiento se realizó una copia espejo para preservar videos, conversaciones y otros archivos que podrían aportar información relevante. Jiménez también ha negado haber recibido pagos o haber sido utilizada políticamente para entregar su versión.

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Pero Jiménez no es la única que tiene una diligencia pendiente. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, tampoco asistirá al interrogatorio programado por la Fiscalía, debido a una incapacidad médica que se extendería hasta el 20 de noviembre. Rodríguez fue citada en calidad de indiciada, en medio de las investigaciones sobre los presuntos contratos irregulares.

Las autoridades deberán definir nuevas fechas para avanzar en las diligencias. En el caso de Angie Rodríguez, el interrogatorio podría realizarse durante la semana del 23 de noviembre. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades, incluidas conversaciones atribuidas a exfuncionarios del Gobierno. Por ahora, los señalamientos siguen siendo materia de investigación y no constituyen responsabilidades judicialmente demostradas.

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