Expertos y altas autoridades judiciales debaten la responsabilidad del Estado en la II Jornada de Derecho Público
Montería se convirtió en escenario de un importante debate jurídico nacional con la realización de la II Jornada de Derecho Público 2026: Justicia Abierta, un encuentro que reunió a expertos y representantes de altas instancias judiciales para analizar la responsabilidad del Estado frente a sus actuaciones y la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos.
La actividad se desarrolló este jueves 12 de noviembre en el auditorio Flow Centro de Felicidad de la Universidad del Sinú, con la participación de juristas, académicos, funcionarios públicos, operadores judiciales e integrantes de la Fuerza Pública, quienes intercambiaron conocimientos y experiencias sobre los principales retos que enfrenta la administración pública.
Uno de los temas centrales fue la prevención del daño antijurídico, es decir, aquellas afectaciones que los ciudadanos no están obligados a soportar como consecuencia de actuaciones u omisiones del Estado. También se abordó la importancia de aplicar correctamente las decisiones y precedentes del Consejo de Estado y los tribunales administrativos para evitar vulneraciones de derechos y fortalecer la seguridad jurídica.
Durante el encuentro, representantes del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional participaron en los espacios de análisis, destacando la necesidad de actualizar permanentemente los conocimientos jurídicos de los servidores públicos para mejorar la toma de decisiones y garantizar actuaciones ajustadas a la ley.
La jornada fue organizada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Córdoba y contó con el respaldo de la Policía Metropolitana de Montería, bajo el liderazgo del coronel Héctor Ruiz Arias, quien ha promovido la participación institucional en espacios de formación jurídica.
Este encuentro permitió abrir un espacio de reflexión sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos, resaltando la importancia de prevenir actuaciones que puedan generar responsabilidades legales y avanzar hacia una administración pública más transparente, responsable y respetuosa de los derechos de la población.
