Tras protestas por contratos, ICBF asegura que respetará los derechos de las madres comunitarias
La preocupación crece entre las madres comunitarias por los cambios de operadores y la terminación de contratos que, según denuncian, se estarían realizando sin explicaciones claras. Tras las protestas registradas en diferentes regiones del país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguró que respetará sus derechos y revisará las decisiones que han generado inconformidad.
Las protestas de las madres comunitarias en diferentes regiones de Colombia encendieron las alarmas sobre la estabilidad de quienes dedican su trabajo al cuidado de la primera infancia. Las manifestantes reclaman explicaciones frente a la terminación de contratos y los cambios de operadores que, según denuncian, se han presentado sin justificaciones suficientes, generando incertidumbre sobre su continuidad laboral.
Ante esta situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció mediante un comunicado en el que aseguró que los derechos de las madres comunitarias serán respetados. La entidad reconoció la importancia de estas trabajadoras en la atención de niños y niñas y anunció que adelantará verificaciones para establecer qué contratos están involucrados, cuáles decisiones se adoptaron y qué consecuencias podrían tener.
“Es necesario distinguir entre cambios de operador, terminaciones contractuales y eventuales interrupciones de la atención. Cada situación exige una respuesta sustentada en los hechos y medidas acordes con lo que se establezca”, señaló el ICBF, al explicar que las reclamaciones deberán analizarse de manera individual para determinar si existen irregularidades.
Sin embargo, la entidad también dejó claro que mantendrá sus criterios para seleccionar operadores y contratistas. Según indicó, exigirá idoneidad, integridad, capacidad y resultados, sin que la antigüedad, las relaciones personales o las presiones políticas sean determinantes para garantizar la continuidad de un contrato. “No hay derechos adquiridos”, sostuvo el instituto al referirse a los procesos de contratación.
Otro de los puntos que ha generado controversia es la llegada de operadores provenientes de departamentos diferentes a aquellos donde se prestan los servicios. Frente a este asunto, el ICBF defendió la posibilidad de contratar organizaciones de otras regiones, argumentando que su procedencia no representa por sí misma una irregularidad. Además, señaló que esta medida podría utilizarse para prevenir posibles conflictos de interés, siempre dentro del marco legal.
Mientras continúan las inquietudes de las madres comunitarias, el principal desafío será garantizar que los cambios administrativos no afecten sus derechos ni interrumpan la atención de los niños y niñas. El ICBF aseguró que seguirá escuchando las reclamaciones y corregirá las decisiones en las que se identifiquen errores o irregularidades. Entretanto, las trabajadoras esperan respuestas concretas que permitan despejar la incertidumbre sobre su futuro laboral.