Sandra Ramírez pidió a última hora cambiar su versión ante la JEP por reclutamiento de menores.
La exsenadora del partido Comunes, Sandra Ramirez, solicitó que su declaración en el Caso 07 no se realice presencialmente, sino mediante un cuestionario que deberá responder por escrito en un plazo de 30 días. Más de 11.000 víctimas han sido acreditadas en este proceso, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas durante el conflicto armado.
A pocas horas de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez Lobo solicitó modificar la modalidad de la diligencia en la que debía rendir versión libre dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas durante el conflicto armado colombiano.
La diligencia estaba programada para las 8:00 de la mañana de este miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, a última hora, la excongresista Ramirez, pidió que su declaración no se realice de manera presencial y que, en su lugar, se le permita responder por escrito un cuestionario elaborado por la magistratura, con un plazo de 30 días para entregar sus respuestas.
En su solicitud, Ramírez planteó que se le remita, por conducto de su defensa, un cuestionario que integre la hipótesis investigativa, las menciones hechas en su contra, las demandas de verdad de las víctimas acreditadas y las preguntas formuladas por la Procuraduría Delegada.
La petición se produce en un momento clave de la investigación, pues la Sala de Reconocimiento de la Verdad busca establecer el conocimiento y la posible intervención de la exsenadora en hechos de violencia cometidos contra menores dentro de las filas de las antiguas Farc, particularmente en lo relacionado con violencia sexual y reproductiva.
Sandra Ramírez, conocida durante su permanencia en la organización guerrillera con el alias de Griselda Lobo, deberá responder por los señalamientos que han formulado víctimas acreditadas, quienes la mencionan dentro de las dinámicas de poder y control que se ejercían sobre niñas y adolescentes reclutadas por la guerrilla.
Uno de los elementos que rodea esta investigación es la posición que habría ocupado Ramírez dentro de la estructura insurgente. Durante décadas fue compañera sentimental de Pedro Antonio Marín, conocido como alias Tirofijo, máximo comandante y fundador de las Farc. Esta cercanía con el principal jefe de la organización constituye un elemento de contexto para examinar las relaciones de poder y su eventual conocimiento de los hechos investigados.
Entre los testimonios que serán puestos de presente durante la diligencia se encuentra el de Deisy Dorelly Guanaro, una de las víctimas que ha denunciado públicamente los abusos sufridos cuando era menor de edad y permanecía en las filas guerrilleras.
En declaraciones concedidas a SEMANA, Guanaro relató que, cuando tenía 12 años, fue trasladada a San Vicente del Caguán. Allí, según su testimonio, Sandra Ramírez habría reunido a varias niñas y las habría obligado a utilizar ropa interior negra para desfilar frente a integrantes del Secretariado de las Farc.
La víctima aseguró que los comandantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, podían escoger a las menores para pasar la noche con ellas. Según su relato, fue seleccionada por alias Pablo Catatumbo, quien la habría sometido a abusos sexuales durante dos noches consecutivas.
Guanaro también señaló a Ramírez de tener conocimiento de estas prácticas y de participar en situaciones de humillación contra las menores. Además, la responsabilizó de intervenir en procedimientos abortivos a niñas que quedaban embarazadas dentro de la organización.
Estos señalamientos hacen parte de los relatos que la JEP deberá contrastar con las versiones de otros comparecientes y con el material probatorio recopilado durante la investigación. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas dentro del procedimiento judicial y frente a las cuales la exsenadora tendrá la oportunidad de ejercer su defensa y entregar su versión.
La Sala también conocerá las declaraciones de otras víctimas acreditadas que solicitaron mantener bajo reserva sus nombres y datos personales. En distintas diligencias judiciales, estas mujeres habrían señalado a Ramírez de permitir o impartir órdenes relacionadas con el reclutamiento de menores para su posterior explotación sexual.
Durante la diligencia, que podría extenderse por varios días, las víctimas acreditadas por hechos atribuidos al Bloque Oriental y sus representantes judiciales también podrán presentar sus demandas de verdad por escrito. Estas solicitudes serán evaluadas por la magistratura y, si se consideran pertinentes y conducentes, serán incorporadas a las preguntas que se formulen durante la versión.
El Caso 07 representa una de las investigaciones de mayor alcance de la JEP por la dimensión del fenómeno del reclutamiento de menores en las antiguas Farc. De acuerdo con las cifras entregadas por la jurisdicción, 11.277 personas han sido acreditadas como víctimas. De ese total, 2.250 corresponden a víctimas individuales y 9.027 participan colectivamente, en representación de cinco pueblos indígenas y un Consejo Comunitario Afrocolombiano.
En este mismo expediente fueron llamados a imputación de cargos los antiguos integrantes del Secretariado de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos.
Además, 26 antiguos integrantes de la guerrilla, tanto de nivel nacional como territorial, han sido llamados a reconocer su máxima responsabilidad en los hechos investigados.
La solicitud de Sandra Ramírez de cambiar la modalidad de su versión introduce un nuevo elemento en una diligencia considerada relevante para esclarecer las responsabilidades individuales en los hechos de violencia contra menores dentro de las Farc. La decisión de la JEP sobre esta petición será determinante para establecer cómo continuará su comparecencia ante las víctimas y la magistratura.