Disidencias y ELN desatan ola terrorista mientras el Congreso debate la Ley de Sometimiento
La oleada de violencia en Tolima, Huila, Cauca, Chocó y Norte de Santander dejó siete personas muertas y más de 20 heridas. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó intensificar las operaciones militares contra los responsables, mientras el Congreso debate contrarreloj el proyecto que busca establecer las condiciones jurídicas para el sometimiento de grupos armados ilegales.
Una nueva escalada de violencia protagonizada por las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sacudió varias regiones de Colombia durante el fin de semana. Los ataques terroristas, registrados en Tolima, Huila, Cauca, Chocó y Norte de Santander, dejaron un saldo de siete personas muertas y más de 20 heridas, además de graves afectaciones a la infraestructura y a la población civil.
La ofensiva criminal se produjo en medio de la discusión que adelanta el Congreso de la República sobre la Ley de Sometimiento, una iniciativa que busca entregar herramientas jurídicas al Gobierno para avanzar en procesos de negociación con organizaciones armadas ilegales como el ELN, bajo condiciones orientadas al abandono de las armas y con eventuales beneficios judiciales.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Planadas, sur del Tolima, donde las disidencias de las Farc y el ELN perpetraron un ataque con una volqueta cargada de explosivos. La acción, acompañada de la presencia permanente de drones, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de apenas cuatro meses de nacida, y otras 18 heridas.
La explosión también provocó daños en más de 100 viviendas y afectaciones de consideración en el hospital municipal, lo que agravó la emergencia y puso en evidencia el impacto de estas acciones sobre la población civil.
En Algeciras, Huila, también se registraron varios ataques durante los últimos días. El hecho más grave fue un atentado con un dron cargado de explosivos que terminó con la vida del patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó otros nueve uniformados heridos.
La violencia también golpeó al departamento del Cauca, donde fue destruido nuevamente el peaje El Mango. A este hecho se sumaron atentados en los municipios de Balboa, La Sierra y Totoró, aumentando la preocupación de las autoridades por la capacidad de las estructuras armadas para ejecutar acciones simultáneas en diferentes territorios.
En San José del Palmar, Chocó, el ELN atacó con drones cargados de explosivos a un grupo de militares. La acción dejó dos soldados profesionales muertos y otros cinco uniformados heridos. Entretanto, en Tibú, Norte de Santander, un soldado resultó herido tras un ataque con drones explosivos contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional.
Frente a esta escalada, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a las Fuerzas Militares desplegar una ofensiva contra los integrantes de las organizaciones criminales responsables de los atentados. La instrucción apunta a intensificar las operaciones en las zonas donde tienen presencia estas estructuras y responder militarmente a las acciones que amenazan la seguridad de la población y de la Fuerza Pública.
Desde el comienzo de la actual administración se ha impulsado un cambio en la estrategia de seguridad, con una mayor intensidad de las operaciones militares contra los grupos armados ilegales. Esta política incluye seis bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc y del ELN.
Sin embargo, pese a los resultados operacionales, hasta ahora no se ha logrado neutralizar a objetivos de alto valor dentro de estas organizaciones. Entre los principales cabecillas que continúan siendo objetivos de las autoridades figuran alias Iván Márquez, Iván Mordisco, Calarcá y Silvana Guerrero del ELN.
La nueva arremetida terrorista coincide con un momento decisivo en el Congreso. La discusión de la Ley de Sometimiento avanza contrarreloj, pues el proyecto debe superar su trámite legislativo antes del vencimiento de la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia, según el calendario legislativo señalado, expira este miércoles 4 de noviembre.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico para facilitar procesos de acercamiento con organizaciones criminales que no tienen carácter político, con el propósito de que abandonen las armas y se sometan a la justicia. A diferencia de una negociación política, el mecanismo contempla eventuales reducciones de penas y condiciones jurídicas para quienes se acojan a los compromisos establecidos.
El debate legislativo adquiere mayor relevancia ante el deterioro de la seguridad en diferentes regiones del país. Mientras el Gobierno busca herramientas legales para avanzar en el sometimiento de las estructuras ilegales, los ataques recientes evidencian que estos grupos mantienen capacidad de intimidación, despliegue territorial y utilización de nuevas tecnologías, como drones cargados con explosivos.
De esta manera, el Ejecutivo enfrenta dos desafíos simultáneos: recuperar el control en los territorios afectados por la violencia y definir las condiciones jurídicas que permitan desarticular las organizaciones armadas. La respuesta militar y el futuro de la Ley de Sometimiento serán determinantes para establecer el rumbo de la política de seguridad frente a las disidencias y el ELN.