“Si al país le dolió lo de la UNGRD, lo de la Agencia de Tierras será vergonzoso”: Lina María Garrido
Un nuevo escándalo por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos podría sacudir a Colombia. La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, denunció posibles anomalías en la compra y titulación de predios durante el gobierno de Gustavo Petro, que involucrarían miles de millones de pesos destinados a beneficiar a familias campesinas.
La polémica por el manejo de los recursos públicos vuelve a encenderse en Colombia. Esta vez, las denuncias apuntan a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde su actual directora, Lina María Garrido, advirtió sobre posibles irregularidades que, según su apreciación, podrían alcanzar dimensiones superiores a las del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En una entrevista con el diario El Tiempo, Garrido puso bajo la lupa el manejo de aproximadamente 5,5 billones de pesos destinados a la compra y titulación de tierras durante la administración de Gustavo Petro. Según sus declaraciones, más de 2.000 predios presentarían dificultades relacionadas con su adquisición y entrega a las comunidades campesinas, lo que genera interrogantes sobre la ejecución de los recursos.
La funcionaria aseguró que una revisión preliminar de 100 predios permitió identificar posibles irregularidades por más de 115.000 millones de pesos. Estas cifras, que deberán ser verificadas por las autoridades competentes, aumentan las preocupaciones sobre el destino de los recursos destinados a facilitar el acceso a la tierra a miles de familias rurales.
Las denuncias también alcanzan la gestión del exdirector de la ANT, Felipe Harman, a quien Garrido cuestionó por presuntas contrataciones con fines políticos y supuestas presiones a trabajadores para participar en movilizaciones. Asimismo, señaló que durante la anterior administración se suscribieron más de 30.000 órdenes de prestación de servicios, con gastos burocráticos que habrían superado los 1,6 billones de pesos. Harman, por su parte, ha rechazado cuestionamientos anteriores sobre su gestión y sostiene que algunas de las actuaciones señaladas corresponden a procesos de recuperación de tierras.
Otro de los puntos que genera preocupación es la presunta deuda cercana al billón de pesos que, según Garrido, habría quedado en la entidad. A esto se suma la situación de familias campesinas que continúan esperando la formalización de sus predios, pese a que los recursos estaban destinados a garantizarles acceso y seguridad jurídica sobre la tierra.
Las declaraciones de Garrido abren un nuevo debate sobre la transparencia en la ejecución de la reforma agraria. Aunque las denuncias son graves, todavía no constituyen una demostración judicial de corrupción ni permiten establecer que las pérdidas superen las del caso UNGRD. Serán las investigaciones las encargadas de esclarecer las posibles responsabilidades y determinar qué ocurrió con los recursos destinados al campo colombiano.