Las casas ocultas y el escándalo por los favores sexuales a cambio de contratos en el Gobierno Petro
Testimonios de antiguos funcionarios de inteligencia, propiedades en Bogotá y el anuncio de la entrega de un celular con supuestas pruebas hacen parte de las nuevas revelaciones sobre las denuncias que relacionan encuentros privados con posibles beneficios contractuales durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Una nueva controversia relacionada con el Gobierno de Gustavo Petro tomó fuerza tras las revelaciones publicadas, sobre la existencia de varias viviendas en Bogotá que habrían sido utilizadas para reuniones privadas del entonces mandatario y personas de su entorno y de su gobierno. Los testimonios también reavivaron las denuncias sobre posibles vínculos entre contratos estatales y presuntos favores personales, incluidos señalamientos de naturaleza sexual.
La información, basada en declaraciones de funcionarios del anterior gobierno, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), apunta a que algunas de estas propiedades estaban ubicadas en el sur de Bogotá y en el sector de Quinta Paredes, cerca de Corferias. Según los testimonios recopilados, los inmuebles habrían tenido diferentes usos: desde encuentros relacionados con asuntos de Estado hasta reuniones de carácter privado en el anterior gobierno.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones fue la preocupación que habrían generado los desplazamientos del esquema de seguridad presidencial hacia esas viviendas. Un antiguo integrante de la cúpula de inteligencia aseguró que se emitieron alertas por las condiciones de seguridad de algunos de los lugares visitados por el mandatario.
Incluso, según su relato, se habría contemplado la necesidad de fortalecer la protección presidencial debido a los riesgos que representaba uno de los sectores donde estaba ubicada una de las propiedades.
Estas versiones abrieron nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de los inmuebles, las personas que los frecuentaban y los recursos utilizados para su sostenimiento.
En medio de la controversia apareció el nombre de Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia. El exfuncionario confirmó que durante su administración se habilitaron viviendas con funciones de fachada y que su financiación se realizó mediante gastos reservados.
Sin embargo, Lemus defendió la naturaleza institucional de esas propiedades y aseguró que estaban destinadas a actividades de inteligencia y seguridad nacional. También negó que hubieran sido utilizadas para los propósitos privados mencionados en las denuncias.
Su explicación resulta relevante porque confirma la existencia de inmuebles financiados bajo esa modalidad, aunque no valida por sí misma las versiones sobre los supuestos encuentros privados ni una eventual relación con contrataciones estatales.
La controversia se concentra ahora en establecer cuáles eran las funciones reales de esas viviendas, quiénes las utilizaban y si existieron actividades ajenas a las labores oficiales para las que, según Lemus, fueron habilitadas.
Otro capítulo de este caso está relacionado con las declaraciones de Deicy Alejandra Jiménez, quien aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que conoció a Gustavo Petro cuando este se desempeñaba como senador.
Según sus señalamientos, posteriormente habría obtenido vinculaciones contractuales con diferentes entidades del Estado. Las declaraciones buscan establecer si existió alguna relación entre esos contratos y los vínculos personales que, según su versión, habría mantenido con el hoy mandatario.
De acuerdo con la información publicada, Jiménez habría tenido cinco vinculaciones contractuales o procesos de contratación relacionados con distintas dependencias y entidades públicas: la Vicepresidencia del Senado, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Este componente de la denuncia ha despertado especial interés porque plantea interrogantes sobre los procedimientos de contratación, las personas que intervinieron en ellos y las circunstancias en las que se habrían producido esas vinculaciones.
No obstante, las afirmaciones conocidas corresponden a señalamientos que deberán ser contrastados por las autoridades. La existencia de contratos o relaciones personales no demuestra, por sí sola, que se haya cometido una irregularidad o que estos hayan sido entregados a cambio de favores sexuales.
El caso podría tener un nuevo capítulo con el anuncio del abogado de Jiménez, quien aseguró que entregará a las autoridades un teléfono celular que contendría conversaciones, fotografías y videos de lo sucedido en el anterior gobierno.
Según la versión de la defensa, el dispositivo tendría información que permitiría respaldar los señalamientos realizados por su representada. Su contenido podría resultar relevante para reconstruir las relaciones personales, los contactos y las circunstancias que rodearon las presuntas contrataciones.
La eventual entrega del equipo abre otro interrogante: qué información contiene, si puede ser autenticada y cuál sería su alcance probatorio dentro de las investigaciones.
Para que esos elementos tengan valor judicial, deberán someterse a los procedimientos correspondientes de verificación, análisis técnico y valoración por parte de las autoridades competentes.
Las revelaciones vuelven a poner bajo escrutinio el manejo de los recursos reservados de inteligencia y las posibles relaciones entre funcionarios, personas del entorno presidencial y procesos de contratación estatal en el anterior gobierno.
Por ahora, las versiones conocidas plantean varios interrogantes que deberán ser esclarecidos por las autoridades: si las viviendas fueron utilizadas para encuentros ajenos a sus funciones institucionales, si existió alguna relación entre los encuentros privados y los contratos mencionados y qué información puede aportar el teléfono celular anunciado por la defensa de Jiménez.
El caso sigue pendiente de las verificaciones judiciales correspondientes del gobierno. Mientras tanto, los testimonios de antiguos funcionarios de inteligencia y las nuevas declaraciones conocidas mantienen abierta la controversia sobre los presuntos favores personales y las contrataciones durante el Gobierno Petro.