“Se gastaron un billón de pesos en compra de votos”: Gómez Amín acusa al gobierno de Petro
Desde Barranquilla, el ministro de Comercio lanzó fuertes señalamientos contra la administración del expresidente Gustavo Petro y anunció una denuncia por presuntas irregularidades en 148 contratos que ascenderían a $128.000 millones.
El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro durante un encuentro regional realizado este miércoles en Barranquilla, en el que participaron gobernadores de la región para avanzar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
Durante su intervención, el funcionario denunció presuntas irregularidades en la pasada campaña presidencial y aseguró que se habrían destinado cuantiosos recursos a la compra de votos. Según sus declaraciones, el gasto habría alcanzado un billón de pesos diarios, una afirmación que no fue acompañada en el pronunciamiento citado de pruebas que la sustenten.
“Tenemos que decir que recibimos una crisis fiscal sin precedentes, se gastaron un billón de pesos diarios en la campaña comprando votos y no les alcanzó, pero quebraron el sistema de salud, quebraron la educación, el Icetex, quebraron el Estado, lo desfalcaron”, afirmó Gómez Amín.
El ministro también responsabilizó a la administración anterior por la situación fiscal del país y cuestionó el manejo de sectores como la salud, la educación y el Icetex. Sus declaraciones se produjeron en medio de las discusiones sobre las condiciones económicas e institucionales que, según indicó, enfrenta el país.


Gómez Amín también dirigió sus críticas hacia Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quienes señaló de haber permitido el fortalecimiento de organizaciones armadas ilegales.
“El desgobierno de Petro le entregó el país a los terroristas”, sostuvo el funcionario, al mencionar al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las antiguas Farc.
El ministro insistió en que, para definir las prioridades del país y avanzar en la planeación nacional, es necesario poner sobre la mesa las cifras y las condiciones que recibió la actual administración.
Sus afirmaciones sobre la responsabilidad del gobierno anterior en materia de seguridad corresponden a señalamientos políticos que requieren contrastarse con información verificable.
Otro de los anuncios centrales de Gómez Amín fue la presentación de una denuncia ante las autoridades por la presunta suscripción irregular de 148 contratos durante el gobierno de Petro.
De acuerdo con el ministro, los acuerdos tendrían un valor total de $128.000 millones y se habrían firmado sin cumplir los requisitos correspondientes, cuando faltaban apenas cuatro días para la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Esta normativa establece restricciones a la contratación estatal en determinados periodos previos a las elecciones, con el propósito de proteger la transparencia del proceso electoral y evitar el uso indebido de recursos públicos.

La denuncia busca que las autoridades competentes examinen las condiciones en las que se celebraron los contratos y determinen si existieron irregularidades. Por ahora, los señalamientos expuestos por el ministro deben entenderse como presuntas conductas pendientes de verificación por parte de los organismos correspondientes.
Las declaraciones de Gómez Amín abrieron un nuevo frente de confrontación política alrededor de la gestión del gobierno de Gustavo Petro, con cuestionamientos centrados en el manejo de los recursos públicos, la seguridad y la contratación estatal.