“El personero va a poder actuar de forma más independiente”: José Jaime Uscátegui
Que los personeros municipales dejen de depender de la voluntad de los alcaldes para recibir los recursos necesarios para funcionar. Ese es el propósito de un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, liderado por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, y respaldado por más de 20 congresistas de diferentes partidos políticos.
El congresista, quien preside la Comisión Primera Constitucional de la Cámara, advirtió que actualmente las personerías enfrentan serias dificultades presupuestales que pueden comprometer su independencia. “Hoy ustedes saben que es un cargo que es elegido por el Concejo Municipal siguiendo un concurso y un proceso meritocrático, pero terminan siendo subordinados del alcalde”, expresó Uscátegui, al cuestionar que los mandatarios locales tengan influencia sobre los recursos destinados al funcionamiento de estas entidades.
La iniciativa busca establecer por ley un monto fijo de recursos que las alcaldías deberán transferir a las personerías, con incrementos anuales que permitan garantizar su sostenibilidad. Según explicó el representante, el objetivo es evitar que los personeros terminen convertidos en “un apéndice o como subordinado del alcalde”, cuando su verdadera responsabilidad es defender los derechos de los ciudadanos y ejercer vigilancia sobre las administraciones municipales.
Uscátegui destacó que la propuesta cuenta con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación y el liderazgo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), que reúne a más de 1.104 personeros. Además, aseguró que 49 representantes de estas entidades, provenientes de diferentes regiones del país, acompañaron la presentación del proyecto.
Finalmente, el congresista insistió en que fortalecer financieramente las personerías permitirá que sus funcionarios actúen con mayor autonomía, sin depender de decisiones discrecionales de los alcaldes. La propuesta deberá surtir su trámite legislativo antes de convertirse en ley, mientras sus promotores buscan garantizar que estas entidades tengan los recursos necesarios para proteger los derechos de las comunidades.